Urtasun expresa la «firme determinación» del Gobierno en defensa de la propiedad intelectual

El sector cultural, incluyendo el conjunto de las actividades vinculadas con la propiedad intelectual, supone para España el 3,4 por ciento del PIB, dice la declaración institucional aprobada por el Gobierno, citando datos de la Cuenta Satélite de la Cultura en España: «Siendo la propiedad intelectual el principal activo de este sector de futuro del que dependen, según el INE, 723.000 puestos de trabajo, un 3,4 por ciento del empleo total en 2023». Además, añade el texto, «las empresas que son usuarias de derechos de propiedad intelectual representan el 27,5 por ciento del total de puestos de trabajo y el 43,2 por ciento del total de la actividad económica de nuestro país, y ofrecen salarios significativamente superiores a los de otros sectores».

Este espaldarazo del Gobierno, y en particular de Urtasun, a la industria cultural, llega después de que el ministro tomara la decisión de suprimir la Dirección General de Industrias Culturales y promover, en su lugar, una Dirección General de Derechos Culturales, de nueva creación. «Teníamos, por un lado, una Dirección General del Libro, gran industria, una Dirección General del Cine, grandísima industria, y por otro lado, completamente apartada de esas dos direcciones generales, una dirección general que se ocupaba de las industrias culturales. Este organigrama no tenía ningún sentido porque las industrias culturales son completamente transversales», dijo el ministro para justificar su decisión. En febrero, Urtasun desbloqueó la ley para la creación de la Oficina de Derechos de Autor y Conexos, un proyecto que inició el exministro Iceta y que quedó en el aire por el adelanto electoral.

Cuando fue nombrado ministro, muchos en el sector recordaron que mientras fue eurodiputado se mostró partidario de lo que la izquierda a la que él representa llama «cultura libre», e incluso votó en contra de una directiva que otorgaba a los editores y autores el derecho a ser remunerados por el uso de sus contenidos. Al frente del ministerio, en sus declaraciones siempre ha reconocido el peso de la propiedad intelectual, pero su secretario de Estado, en un acto en el que también participó Pedro Sánchez, inquietó al sector con una intervención en la que pidió ir «más allá de la cuestión económica». Según Jordi Martí, es necesario «proteger el ecosistema cultural», donde «puedan convivir iniciativas pequeñas, medianas y grandes», y siempre con un papel esencial del Estado como soporte económico. La creación de una ‘superdirección’ de Derechos Culturales va en esta dirección.

Es este el contexto en el que el Gobierno ha aprobado la declaración institucional por los derechos de autor. «La existencia de un sistema desarrollado y avanzado de derechos de propiedad intelectual e industrial en nuestro país, en línea con el de los estados más innovadores del mundo, ha sido sin duda, un elemento decisivo a la hora de consolidar estos logros, otorgando la necesaria protección a las creaciones, mediante derechos de autor, conexos, patentes, marcas o diseños», dice el texto. «Estos derechos contribuyen de manera directa al reconocimiento de la autoría, el mérito, el esfuerzo y el trabajo, protegen e incentivan la inversión y garantizan remuneraciones equitativas». Palabra del Gobierno. Palabra también de Urtasun.