El autor es periodista Reside en Santo Domingo.
La politización de las Fuerzas Armadas es uno de los grandes riesgos que enfrenta nuestra joven democracia, la cual mantenerla nos ha costado muchos sacrificios, gracias a los cuales hoy podemos disfrutar de ella. Por lo tanto, no debemos permitir que se atente contra ella de forma burda.
Por “órdenes superiores” el pasado sábado el candidato presidencial del Partido Esperanza Democrática (PED), Roque Espaillat, conocido como “El Cobrador”, fue detenido por soldados del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), en la franja que separa las dos naciones, hecho que no puede pasar desapercibido por más justificaciones y vueltas que se le quiera dar para tratar de tapar el sol con un dedo. Los uniformados lo interceptaron y apresaron en momento que realizaba actividades políticas en la provincia de Dajabón, en el noroeste del país, próximo a un punto de “seguridad” de la zona donde se construye el canal de la Vigía, de lado dominicano.
Este nefasto, inquietante e involutivo acto viola de manera directa el artículo 46 de la nuestra Constitución, el cual establece como derecho fundamental la libertad de tránsito, especificando que «toda persona que se encuentre en territorio nacional tiene derecho a transitar, residir y salir libremente del mismo, de conformidad con las disposiciones legales».
De igual manera señala este mismo artículo: «Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución».
La referida acción es, al mismo tiempo, en una franca violación de instrumentos internaciones vinculantes en nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, los cuales poseen rango constitucional en materia de derechos humanos al ser ratificados por el Congreso Nacional, como establece la Carta Magna, para ser aplicados de manera inmediata en nuestro sistema jurídico interno.
Es importante recordar que, por primera vez, desde la época sangrienta y represiva de los funestos años del 1966 al 1978 en que gobernó el país Joaquín Balaguer Ricardo, un candidato presidencial es apresado supuestamente por incursionar en la franja fronteriza del lado dominicano, la cual aparentemente está vedada por el gobierno dominicano, que encabeza Luis Abinader Corona.
En la República Dominicana ninguna ley ni disposición oficial está por encima de la Constitución; además, en tiempos de campaña electoral, está autorizado por la Junta Central Electoral (JCE). Por ende, los candidatos, gozan de inmunidad; excepto en casos de flagrante delito, tipificado como tal por una ley. Supuestamente, la zona donde se está construyendo el canal haitiano está “restringida” por cuestión de seguridad, aforismo propagandístico que viene utilizándose con otros fines que no reflejan los elementos que entrañan a la verdadera seguridad nacional.
Dajaboneros denuncian que los dirigentes del PRM entran a esa zona sin ningún tipo de obstáculo ante la mirada indiferente de los militares dominicanos apostados en dicha frontera.
Este es un fenómeno relativamente represivo en la actual campaña electoral de República Dominicana y del gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM). Por desconocimiento o no de las leyes estamos padeciendo sus más graves efectos en estos días próximos al certamen electoral del 19 de mayo del 2024, con hechos cavernarios que nos remontan a épocas dolorosas de nuestra vida democrática republicana que ya habíamos superado.
No debemos obviar el mandato de la Carta Sustantiva en sus artículos 252.3 y 40.15 que establecen, respectivamente que las FFAA y la PN son “esencialmente obedientes al poder civil, apartidistas y no tienen facultad, en ningún caso, para deliberar” y que: “A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos: sólo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica”.
Hacemos un llamado a los sectores sensatos, y de manera directa a la oposición, en el sentido de que si no se les pone freno de manera coherente, férrea y monolítica a estos atropellos contra un candidato presidencial, debemos prepararnos a sufrir la derrota de una manera vergonzosa, dictatorial y antidemocrática.
¿Tendría que repetirse la esencia histórica que nos legó aquel 24 de abril de 1965 como respuesta al justo reclamo del respeto a la Constitución?
