La trama del escándalo de las organizaciones sociales y por qué ahora cobra tanta notoriedad
Algunas organizaciones sociales, en la mira de la justicia / NA
El escándalo que envuelve a las llamadas organizaciones sociales -antes piqueteras- reconoce una dimensión trágica: que ese mecanismo extorsivo contra los más pobres, resumido en la canallada “si no vas a la marcha te quito el plan”, acaso no haya sorprendido a nadie. En términos coloquiales, era algo que “se sabía”. Lo conocía la política y era una sospecha con carácter de certeza para mucha gente que no vive ese mundo de necesidades permanentes. Existen incluso causas judiciales anteriores que no prosperaron en las que se denunció lo mismo. En la tele han hablado de esta cuestión mil veces, acusaciones que casi siempre mueren por el anonimato que piden ante cámara los damnificados, debido al temor a las represalias, o por falta de decisión de las autoridades para profundizarlas.
La respuesta de los líderes piqueteros siempre es la misma: que es una operación del que denuncia, que se busca criminalizar la protesta social o, en el mejor de los casos, se admite que puede haber una sola “manzana podrida” en la organización y se promete su inmediata expulsión. Algo que, por supuesto, realmente nunca se concreta.
DE LOS DOS LADOS DEL MOSTRADOR
La causa que investigan el juez Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita interpela directamente al gobierno de Alberto Fernández, que le dio un poder inédito a los líderes piqueteros: no sólo les facilitó los planes sociales en cuestión, un mecanismo de ayuda necesario frente a la crisis económica que no pudo o no supo mejorar, sino que además los puso de los dos lados del mostrador: ellos entregaban los planes y alimentos que ellos mismos recibían, bajo las figuras de cooperativas o comedores. No fueron sólo aliados electorales del último kirchnerismo; fueron parte de la gestión.
¿Realmente puede pensarse que los piqueteros/funcionarios no sabían lo que pasaba en el territorio? ¿No estaban enterados los ministros del área? ¿Alguien puede creer eso? ¿O será que primaba el criterio político de asegurar el control de la calle a cambio de no escrutar cómo se gastaba el dinero público de la ayuda social?
Probablemente se los pregunte el juez si, como es de esperar, la investigación avanza con algo de seriedad dada la cantidad de testimonios de víctimas de las aberraciones denunciadas.
No fueron sólo aliados electorales del último kirchnerismo; fueron parte de la gestión
Habrá que admitir que resultó eficaz la idea de la ministra Patricia Bullrich de abrir una línea de denuncias contra estos hechos, en la que se promete protección y asesoría legal. Hubo un aluvión de llamadas, pero por supuesto fueron muchas menos las personas que se animaron a declarar en el juzgado. La investigación principal que se hizo pública se centra en actores con injerencia en la Ciudad de Buenos Aires pero se han girado denuncias a más de 40 departamentos judiciales del interior del país. Las maniobras serían algo de envergadura nacional.
Por ahora, los investigados por la Justicia no son las cabezas más mediáticas de las organizaciones como el Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) o Barrios de Pie, agrupaciones que son parte de partidos políticos como el Frente de Izquierda o Unión por la Patria. Esos que suelen salir en televisión dando entrevistas, por su rango alto dentro del esquema piramidal.
MECANISMO DE ASCENSO
Notable: se sabe en forma oficiosa que a ese nivel se llega por haber hecho bien, durante años, lo que ahora se denuncia. Una suerte de mecanismo de ascenso. Acceder a la parte de arriba de la pirámide supone sacarse de encima el trabajo sucio de explotación y extorsión directa de los más débiles.
Los apuntados por la Justicia son, digamos, los coroneles de la tropa. Unos 30, de diferentes espacios. Se abrirá ahora un interesante juego de tensiones para ver hasta dónde resisten los códigos de lealtades y silencios de estos actores hacia sus líderes frente a los avances de la investigación, cuando los llamen a indagatoria. No están detenidos porque el juez no habilitó la prisión preventiva, pero ayer se ordenó la inhibición de todos sus bienes. “No tengo miedo a ir preso”, avisó Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, uno de los que no está apuntado, adelantando que él no tiene nada que ver con la inmundicia denunciada. Suena, al menos, raro: su número dos, Jeremías Canteros, es el principal involucrado.
El Gobierno habla de que lo revelado es un plan sistemático de extorsión que lamentablemente sucede hace años y en todo el país. Para los memoriosos, es de una de las cosas de las que se acusaba a Milagro Sala en Jujuy, hoy cumpliendo condena pero por otro delito.
Por supuesto que al presidente Javier Milei el escándalo le sirve desde lo político. Prueba su tesis de la existencia de los “gerentes de la pobreza” ligados a “la casta” y abona su promesa electoral de la necesidad de terminar con intermediarios que gestionen la ayuda a los sectores más humildes, donde por cierto logró buena llegada en la campaña. Lo usará en la construcción de la narrativa de su gestión, que viene mostrando niveles de apoyo destacables a pesar del fuerte ajuste que realiza. Estas cosas le ayudan a sostener la idea esperanzadora basada en la fe de que abrirá las puertas a algo distinto luego de una primera etapa de sacrificio, factor clave para entender aquellas adhesiones.
