El intento de asalto al Real Colegio de San Clemente de los Españoles de Bolonia vive un nuevo episodio tras la muerte de Fernando Suárez, último ministro vivo de Franco, que pretendió convertir en vitalicia su condición de vocal del Patronato en representación de los colegiales, en contra de la voluntad de la gran mayoría de ellos. Este periódico ha tenido acceso a la misiva que un pequeño grupo de simpatizantes de Suárez pretende dirigir al Ministerio de Exteriores pidiendo una intervención que, puesto que se trata esta de una institución privada y domicilio particular de no pocas personas (el rector, los colegiales, los trabajadores), excede claramente a sus competencias y podría considerarse, de facto, una intervención ‘manu militari’.
«Consideramos», se lee en la carta, «que corresponde al Ministerio adoptar decisiones firmes para restituir la legalidad, recuperando la posesión material del Colegio de quien detenta las funciones rectorales». Obvian en el escrito que varias resoluciones judiciales italianas acreditan la condición de rector de D. Juan J. Gutiérrez Alonso, nombrado en 2017 con presencia notarial y asistencia del representante del Ministerio de Exteriores. Así mismo, este pequeño grupúsculo (apenas 14 fueron los firmantes de un comunicado de apoyo a Suárez) pretende dejar fuera de la elección del representante de los colegiales a la Asociación Cardenal Albornoz que, con más de un centenar de socios, es el único foro que agrupa y da voz a los antiguos colegiales, por «no ser representativa de la pluralidad de los bolonios».
Desde la Asociación Cardenal Albornoz señalan que el propio Tribunal Supremo ha considerado que la Asociación existe porque existe el Colegio, y que tienen interés directo en las cuestiones que le afectan, por lo que no pueden aceptar que un grupo menor de intrigantes pretendan desplazar a la asociación, ni al conjunto de colegiales, en un eventual nombramiento de representante,
Se alude también en el escrito a «Don Ángel Martínez (uno de los promotores de la carta con D. Germán Teruel) como el rector legítimo» y se insta a «darle posesión del Colegio hasta que se consensúe el nombramiento de nuevo rector». Esta insistencia es llamativa, dado que existen procedimientos aún pendientes al respecto y, además, se trata de un excolegial desvinculado del Colegio y con un historial controvertido: cuenta es su haber con una condena penal por agresión y coacciones y otros litigios pendientes. Resultaría cuando menos cuestionable que el único de los colegios mayores medievales que pervive hoy en día en Europa continental, y que exige a sus becados una conducta intachable, tuviera a un rector al mando que no sería aceptado como colegial.
