Nicaragua le quita la concesión del canal interocéanico a empresa china

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San José, Costa Rica.

La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua le quitó este miércoles la concesión de construir y administrar el proyecto de un canal interoceánico por el país centroamericano a la empresa Hong Kong Nicaragua Canal Development (HKND) Group, del inversionista chino Wang Jing, presentado en su momento como uno de los hombres más ricos de China y entre los 200 más acaudalados del mundo.

La concesión a la empresa china fue anulada a través de una reforma a la Ley del Régimen Jurídico de El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua y de Creación de La Autoridad de El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, que fue aprobada con carácter urgente y de forma unánime por los diputados, a petición del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.

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Esa reforma derogó el Acuerdo Marco de Concesión e Implementación con relación a El Canal de Nicaragua y Proyectos de Desarrollo, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 17 de junio de 2013, en el que se había sido cedido la concesión a la empresa HKND Group, además, la Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense Atingente a El Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas, publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 14 de junio de 2013.

En su exposición de motivos, el Ejecutivo nicaragüense explicó que, “tomando en consideración el siempre cambiante entorno nacional como internacional”, se hace necesario adecuar algunas leyes para hacer frente a dichos cambios y mantener una gestión óptima dentro del Estado de Nicaragua.

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Hijo de Ortega estará en Empresa Gran Canal

En concreto, la enmienda establece que ahora la Dirección de la Autoridad de El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua será presidida por un delegado del Ministro de Transporte de Infraestructura, y la vicepresidencia por un delegado del Presidente de la República para la Costa Caribe.

La Secretaría será ejercida por el asesor para las Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional de la Presidencia de Nicaragua, Laureano Ortega Murillo, hijo de Ortega y de la vicepresidenta Rosario Murillo, mientras la Dirección coordinará con las autoridades competentes del Gobierno todo lo relativo a la planificación y operación del Gran Canal de Nicaragua, y será la representante de las acciones del Estado de Nicaragua en la Empresa Gran Nacional de Nicaragua.

También se encargará de aprobar y promover la representación de la autoridad en sociedades o corporaciones, nacionales o internacionales ya sean privadas, estatales o mixtas y que tenga acciones o en que es miembro.

Empresario chino es presentado como estafador

La enmienda fue presentada luego de que el diario La Prensa publicara un reportaje sobre el empresario chino Wang Jing, a quien presentaron como un estafador caído en desgracia, basado en reportes de medios de China.

Fue un 3 de julio de 2012 cuando la mayoría sandinista del Parlamento nicaragüense aprobó la polémica Ley del Régimen Jurídico del Gran Canal Acuático Interoceánico de Nicaragua y de Creación de la Institución Rector, Autoridad del Gran Canal de Nicaragua, promovida por Ortega.

Un año después la Asamblea nicaragüense aprobó la concesión de construcción y administración a la empresa HKND Group, del inversionista chino Wang Jing, presentado como uno de los hombres más ricos de China y entre los 200 más acaudalados del mundo, quien invertiría 50.000 millones de dólares, ofrecería 50.000 empleos, y duplicaría el producto interno bruto (PIB) del país en los cinco años de construcción.

El canal, que uniría el mar Caribe con el océano Pacífico, atravesaría el sur del país de este a oeste, con una vía húmeda de 278 kilómetros de longitud, 230 a 520 metros de ancho, 30 metros de profundidad.

HKND recibió la concesión de administración por 50 años, más otros 50 prorrogables, si así lo deseaba, a cambio de un pago de diez millones de dólares cada año durante la primera década, y el derecho al uno por ciento del patrimonio de los “subproyectos” que se elevaría hasta el 99 % al finalizar la concesión.

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