Luz verde de la Eurocámara al nuevo Pacto de Migración y Asilo en un ambiente muy crispado y muy tenso, completando así diez años de trabajo. El acuerdo se cerró entre los Estados miembros y los negociadores del Parlamento Europeo in extremis en los últimos suspiros de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, a finales de 2023. Ya desde entonces, el pacto, que fue calificado como “histórico”, ha contado con un fuerte rechazo entre organizaciones de la sociedad civil y de muchas fuerzas políticas, también dentro de la propia Eurocámara. Y esa oposición ha quedado demostrada este miércoles, cuando el Pleno del Parlamento Europeo ha aprobado el acuerdo, pero sin demasiado margen.
La votación de las últimas cinco piezas pendientes del Pacto de Migración y Asilo se ha celebrado en un ambiente de profunda tensión, incluido con gritos desde la tribuna de visitantes, desde donde un grupo gritaba “este acuerdo mata, vota no”, entre aplausos desde la bancada de los eurodiputados más a la izquierda y las críticas de eurodiputados conservadores. “Este es nuestro trabajo”, ha señalado Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, que ha intentado mantener en cauce la sesión. Cualquier voto negativo sobre uno de los textos legislativos podía desequilibrar el paquete completo del Pacto y, por lo tanto, podía acabar matándolo políticamente.
“Gracias por el coraje de comprometerse. La votación de hoy del Pacto de Migración en el Parlamento Europeo es un gran logro. Podremos proteger mejor nuestras fronteras exteriores, a los vulnerables y a los refugiados, devolver rápidamente a aquellos que no tienen derecho a quedarse y con solidaridad obligatoria entre los Estados miembros”, ha señalado Ylva Johanson, comisaria de Interior. La sensación en Bruselas era de que el acuerdo debía cerrarse sí o sí antes de las elecciones europeas para evitar que los grupos de la extrema derecha y los ultraconservadores lo utilicen en el marco de la campaña para atacar a la Unión Europea.
El acuerdo de finales de año se cerró tras jornadas de largas negociaciones en los conocidos como “trílogos”, en los que la presidencia, en representación de los Veintisiete y tras previo acuerdo entre los Estados miembros, y los negociadores de la Eurocámara, tras un voto en la institución sobre la posición a defender durante esas conversaciones, se sientan a negociar y de los que sale el pacto final. La sensación en el Parlamento Europeo es que no tenían margen de negociación: el acuerdo a nivel de los Estados miembros había sido tan difícil de alcanzar y tan complejo que el mensaje que se le enviaba a los eurodiputados era que no debían tocar esa delicada fórmula, lo que se tradujo en que los eurodiputados tuvieron que tragar muchos sapos, aceptando un nuevo Pacto Migratorio mucho más duro del que deseaban.
El objetivo del nuevo marco, que incluye 14 textos legislativos, es reducir el número de llegadas ilegales, con más controles en frontera y con devoluciones mucho más rápidas. Los críticos señalan que el nuevo sistema, que da un plazo de 12 semanas para procesar la solicitud de asilo, y un máximo de seis meses para la devolución de aquellos cuya solicitud haya sido rechazada, provocará que los centros de refugiados se vean todavía más llenos y sean más difíciles de gestionar.
Normas más duras
El anterior esquema de gestión de los flujos migratorios saltó por los aires durante la crisis de refugiados del 2015 y el 2016, y desde entonces en la capital comunitaria se ha estado trabajando para volver a poner en pie el Pacto de Migración y Asilo. El acuerdo ha sido enormemente complejo, ha llevado años de tiras y aflojas, de afinar posturas y de adaptar el marco a una visión mucho más restrictiva que se ha impuesto a raíz de la crisis de hace casi una década. El equilibrismo entre la dificultad para conseguir un acuerdo entre unos Estados miembros con visiones muy distintas, entre los países de primera línea y que más soportan la presión migratoria y los situados más al norte a los que les preocupan los movimientos secundarios de solicitantes de asilo desde esos países de primera línea, y al mismo tiempo la urgencia por poner en pie algún esquema y evitar seguir operando en el vacío regulatorio, han hecho que el pacto final no guste a casi nadie, pero que casi todos se conformen. La difícil decisión entre un mal acuerdo o un no acuerdo.
El acuerdo ha sido enormemente complejo, años de tiras y aflojas, de afinar posturas y de adaptar el marco a una visión mucho más restrictiva
Los diseñadores del marco subrayan que busca poner fin a una gestión basada en soluciones ad hoc entre Estados miembros con una total falta de estrategia común y a una negativa por parte de algunos países a ayudar a gestionar la presión migratoria a los Estados de primera línea. El acuerdo establece un mecanismo claro, que sea más estricto y rápido, por ejemplo, estableciendo un plazo máximo de siete días para realizar el llamado screening del solicitante de asilo, dará más claridad en la gestión de llegadas, reparto de responsabilidades y un sistema más contundente en las devoluciones de los migrantes que no tienen derecho a permanecer en la Unión Europea.
Además, el acuerdo consagra la idea de “solidaridad obligatoria pero flexible”, en la que los Estados miembros reconocidos como “sujetos a presión migratoria”, como sería por ejemplo Italia, recibirían apoyo por parte del resto de países, aunque estos podrán elegir de qué manera ayudar. Podrían reubicar a solicitantes de asilo desde los países de primera línea hacia otros Estados miembros de la Unión que así lo soliciten, o se pueden hacer contribuciones financieras. Esta era la idea original de la Comisión Europea, que buscaba introducir algún tipo de solidaridad sin llegar a las cuotas obligatorias que hicieron saltar por los aires el anterior sistema ante la negativa de muchos Estados miembros de cumplir con sus obligaciones.
Luz verde de la Eurocámara al nuevo Pacto de Migración y Asilo en un ambiente muy crispado y muy tenso, completando así diez años de trabajo. El acuerdo se cerró entre los Estados miembros y los negociadores del Parlamento Europeo in extremis en los últimos suspiros de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, a finales de 2023. Ya desde entonces, el pacto, que fue calificado como “histórico”, ha contado con un fuerte rechazo entre organizaciones de la sociedad civil y de muchas fuerzas políticas, también dentro de la propia Eurocámara. Y esa oposición ha quedado demostrada este miércoles, cuando el Pleno del Parlamento Europeo ha aprobado el acuerdo, pero sin demasiado margen.
