La Fiscalía pide que los activistas que atacaron ‘Las Majas’ de Goya paguen una multa de 1.080 euros

Así consta en un auto, fechado el 1 de abril, en el que la titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid, tras haber recibido sus escritos de acusación, envía a juicio a Samuel G. y Alba D., los dos jóvenes que, en una acción que buscaba denunciar el calentamiento global, se colaron con superglú en la sala 38 del Museo del Prado y se pegaron a los marcos de ‘La maja desnuda’ y ‘La maja vestida’, con maderas labradas en 1900.

En concreto, según consta en la resolución a la que tuvo acceso ABC, tanto el Ministerio Fiscal como la Abogacía del Estado pidieron en sus escritos que se les imponga a ambos «la pena de 12 meses de multa con cuota diaria de 3 euros y aplicación de lo dispuesto en el artículo 53 del Código Penal como responsabilidad personal subsidiara en caso de impago, y costas».

Por su parte, la jueza Cristina Díaz declara en el auto que el órgano competente para enjuiciar los hechos sean los Juzgados de lo Penal de Madrid y da un plazo de diez días a los procesados para presentar sus escritos de defensa. Además, fija, en concepto de responsabilidad civil, «que los acusados indemnizarán al Museo Nacional del Prado en la cantidad de 3.646,47 euros, más los intereses de demora».

La cantidad coincide con el coste total de los daños que los peritos del Prado estimaron en un informe remitido al juzgado, entre el valor de una eventual reparación de ambos marcos, la compra de material y maquinaria utilizados para la rehabilitación de la sala y las horas extra que tuvieron que abonar a personal de seguridad, restauración y mantenimiento tras el ataque de los activistas.

En aquel informe, tal y como informó este diario, los peritos también alertaban de los «costes intangibles» que el museo podría sufrir, al haberse visto afectado, «sin duda», su valor reputacional. «Es posible que estas acciones tengan como consecuencia el endurecimiento de las condiciones en futuras peticiones de préstamos, con repercusión en los costes a asumir por parte de los museos depositarios, o en el aumento del número de negativas a prestar obras», advirtieron entonces.

Fue un sábado -5 de noviembre de 2022- cuando dos miembros de Futuro Vegetal, el colectivo ecologista al que se le atribuyen más de 60 acciones en su lucha por implantar un sistema agroalimentario basado en plantas, consiguieron colarse en el Prado con dos pegamentos de la marca Loctite, un bote amarillo de pintura negra, un rodillo y un plano del edificio ubicado en el centro de Madrid.

Según el relato de hechos recogido por la magistrada en el auto de procesamiento, a las 13.08 horas Samuel G. y Alba D. se saltaron el cordón de seguridad de la sala 38, donde se exhiben los cuadros de Goya, pintaron en la pared «+ 1.5 cº», como acto de denuncia por el calentamiento global, y se fijaron con un adhesivo tipo cianoacrilato a dos marcos de estilo fernandino.

Entonces, tras más de un año de instrucción, entendió que había indicios suficientes de la comisión de un delito contra el patrimonio histórico por parte de Samuel G. y Alba D., si bien archivó la causa para las dos periodistas que ese día acompañaban a los jóvenes para grabar la acción en el museo y que igualmente fueron detenidas y posteriormente imputadas. «Actuaron en una misión periodística, para grabar con un teléfono móvil y una cámara», concluyó la magistrada.

Ponía así -el pasado febrero- punto final a la instrucción y enviaba a reparto las diligencias de investigación de la Policía Nacional en relación a la operación Spora, por la que 22 miembros de Futuro Vegetal fueron detenidos el pasado mes de diciembre y acusados de pertenencia a organización criminal.

Operación Spora

Desde entonces, el caso sigue en el Decanato de los Juzgados de Plaza de Castilla a la espera de que se le asigne un juez que asuma las pesquisas. Para la Policía, Futuro Vegetal -con más de 60 acciones a sus espaldas- «cumple los requisitos» para ser considerada una presunta organización criminal por su estructura interna, la estabilidad en el tiempo de sus acciones y su fin principal: «cometer hechos delictivos». Acumulan ilícitos que comprenden desde desórdenes públicos y daños materiales hasta infracciones penales contra la seguridad vial y el tráfico aéreo.

El colectivo ha venido reivindicado acciones como el bloqueo de los aeropuertos de Ibiza y Adolfo Suárez-Barajas o el corte de los accesos a Mercamadrid.