Empresas de teléfonos penitenciarios involucradas en un plan para prohibir las visitas en persona a la cárcel, según una demanda

Dos demandas presentadas por una organización activista alegan una conspiración entre los gobiernos de los condados de Michigan y las compañías telefónicas de las prisiones. Esta conspiración ha involucrado a una esquema de sobornos quid pro quo” que eliminó las visitas en persona a las prisiones para aumentar las ganancias de las empresas, afirma el litigio. el plan, una parte de esas ganancias fueron presuntamente compartidas con los gobiernos de los condados.

El Cuerpo de Derechos Civiles, una organización sin fines de lucro que se describe a sí mismo como “dedicados a desafiar la injusticia sistémica en el sistema legal de los Estados Unidos”, presentó recientemente las dos demandas, que alegan un esquema similar en los condados de St. Clair y Genesee en Michigan. Estos acuerdos involucraron relaciones comerciales con los alguaciles del condado de St. Clair y Genesee que se basaron en la eliminación de las visitas en persona a las cárceles. Bajo los nuevos sistemas, los visitantes a las cárceles tenían que pagar por las llamadas telefónicas con los encarcelados, y el dinero de esas llamadas fue luego compartido entre los proveedores y los condados, alega la demanda.

Por ejemplo, en el caso de la Demanda de St. Clair—que incluye como acusados al sheriff Mat King de St. Clair, el condado de St. Clair, la compañía telefónica penitenciaria Securus y otros relacionados con los acuerdos— los litigantes afirman:

El 22 de septiembre de 2017, los funcionarios del condado de St. Clair decidieron implementar una nueva política: una prohibición de visitas familiares que prohíbe a las personas visitar a sus miembros de la familia detenidos dentro de la cárcel del condado… La decisión del condado fue parte de un plan de sobornos quid pro quo con Securus Technologies, una -empresa de lucro que contrata con cárceles para cobrar a las familias de personas encarceladas tarifas exorbitantes para comunicarse entre otros a través de “servicios tales como Llamadas telefónicas y videollamadas de baja calidad. Los funcionarios del condado acordaron prohibir las visitas en persona a la cárcel a cambio de un recorte sustancial de los ingresos futuros de Securus.

Mientras tanto, en el caso del condado de Genesee, el litigio hace un argumento similar. Afirma que Genesee nuevamente se confabuló con Securus para poner fin a las visitas familiares en persona en las cárceles del condado:

El 22 de septiembre de 2014, los funcionarios del condado de Genesee promulgaron una nueva política: una prohibición de visitas familiares que prohíbe a las personas visitar a sus familiares detenidos en el interior. La cárcel del condado… La decisión inicial del condado en 2014 fue parte de un plan de sobornos quid pro quo con Securus Technology…

Sin embargo, Genesee más tarde cambió de proveedor de Securus a otro proveedor de telefonía diferente, una empresa que entonces se llamaba Global Tel*Link Corporation (GTL). pero luego cambió su nombre a ViaPath. El acuerdo nuevamente se centró en extraer dinero de las llamadas telefónicas pagas que los visitantes tenían que hacer. comunicarse con las personas encarceladas en las cárceles y compartir las ganancias entre el gobierno y la empresa:

Bajo la dirección del entonces subsheriff (ahora sheriff) Christopher Swanson, en 2018, el capitán de la cárcel le contó a un ejecutivo de cuentas de Global Tel*Link Corporation (GTL ), la otra importante empresa de telecomunicaciones penitenciaria del país, que los demandados del condado querían ganar más dinero con llamadas telefónicas y videollamadas que con el acuerdo de incentivo en efectivo con Securus: “Necesitamos el mejor acuerdo que pueda hacer”, escribió. Y lo consiguió.

Los Demandados del Condado cambiaron de proveedores de la cárcel, negociando y luego firmando un contrato con GTL en 2018. Bajo ese contrato, que permanece en En efecto, GTL paga a los demandados del condado $180,000 por año provenientes de los ingresos por llamadas telefónicas de la compañía, un pago anual en efectivo llamado “subvención de tecnología”. de $60,000, y 20% del costo de cada videollamada (las videollamadas con un precio de contrato de: $10,00 por 25 minutos). GTL proyectó que el condado recibiría otros $16,000 por año solo de su parte de los ingresos de las videollamadas.

Cody Cutting, abogado del Cuerpo de Derechos Civiles, le dijo a Detroit Free Press: “Estos casos exigen medidas urgentes por parte de los tribunales porque los niños están sufriendo. Cada día que estos niños y sus padres permanecen separados aumenta su dolor. Pero los casos también plantean una pregunta más amplia: ¿Aprobamos, como público, un sistema criminal tan desvinculado de cualquier orientación moral? ¿Que apoya el castigo y la explotación de niños, familias y comunidades?”

ViaPath, que anteriormente se llamaba GTL, le dijo al New York Times que la empresa “niega las alegaciones en la demanda y espera con interés la oportunidad de defender las reclamaciones hechas en contra ella».

Securus Technologies, mientras tanto, dijo Ars Technica que el caso fue “equivocado y sin mérito. Esperamos defendernos, y no permitiremos que esta demanda le reste valor a nuestros esfuerzos exitosos para crear resultados significativos y positivos para los consumidores a quienes servimos”.

Gizmodo se puso en contacto con ViaPath y Securus, así como con las oficinas del sheriff de los condados de St. Clair y Genesee. Actualizaremos esta historia cuando ellos responden.