“Guardapolvos fantasmas”: la ex ministra Tolosa Paz y cooperativas en la mira judicial
El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció durante su conferencia de prensa diaria que “se va a suspender la operatoria de todas las cooperativas creadas entre 2020 y 2022”.
Además, adelantó que “el Ministerio de Capital Humano va a depurar y controlar el padrón nacional de cooperativas que revisten innumerables irregularidades”, y que “se van a inspeccionar a 4.500 operativas creadas en 2023”.
Además, detalló: “El padrón de cooperativas aumentó un 138% en los últimos cuatro años. El 72% de ellas fueron constituidas entre 2020 y 2022, el 70% no presentó balances ni asambleas, el 22% repiten asociados entre ellas, el 20% utilizan el mismo mail para registrarse y el 9%, increíblemente, comparten domicilio”.
“Por lo tanto, resulta sorprendente que los argentinos hayamos financiado durante tanto tiempo a instituciones que no tenían, ni siquiera, la más mínima certificación de legalidad”, concluyó Adorni.
En ese contexto, la gestión del ex Ministerio de Desarrollo Social se encuentra bajo escrutinio por un escándalo de supuesta corrupción masiva vinculado a la contratación de cooperativas “fantasmas” para la producción de guardapolvos escolares.
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Este caso, que implica a la ex ministra Victoria Tolosa Paz y a más de 40 cooperativas sin experiencia previa, promete destapar un entramado de corrupción y malversación de fondos públicos sin precedentes en la historia reciente de Argentina.
El Gobierno nacional tomó medidas drásticas al suspender temporalmente a 12.425 cooperativas establecidas durante la administración de Fernández, mientras prepara denuncias penales contra aquellos involucrados en operaciones sospechosas.
Entre las entidades cuestionadas, la cooperativa “15 de Julio” emerge como el epicentro de este escándalo, tras ser contratada para la fabricación de 165 mil guardapolvos, una tarea para la que estaba notoriamente incapacitada, revelando una red de corrupción que va más allá de la mera incompetencia administrativa.
Este complejo caso no solo arroja luz sobre la opacidad sino que también cuestiona la efectividad de los mecanismos de control y transparencia en la gestión pública. La implicación de altos funcionarios y la aparente falta de supervisión han generado un clamor público por respuestas y justicia.
El fiscal de Mar del Plata, Juan Pettigiani, está concentrado en el asunto. Este escándalo, denominado por algunos como “la Causa Vialidad de las Cooperativas K”, amenaza con otra mancha a la reputación de la administración pasada.
