Urepanz: trabajadores ganan $3.5 mensuales a dos años del último incremento del salario mínimo

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Presidente de Urepanz señaló que seguirán elevando la voz para exigir los derechos y beneficios de los trabajadores / Foto: Elisa Gómez

El pasado 15 de marzo se cumplieron dos años del último incremento del salario mínimo mensual, el cual se ubicó en Bs 130, lo equivalente en ese momento a $30.

El presidente del Sindicato Unión Regional de Empleados Públicos del estado Anzoátegui (Urepanz) y secretario de reclamos de la Federación de Trabajadores del estado Anzoátegui (Fetranzoátegui), José Hurtado, señaló que ese monto se ha traducido a $3,58, que al dividirlo en 30 días, el valor diario de trabajo se ubica en $0,119.

“Desde entonces, el presidente Nicolás Maduro ha decretado ajustes en bonificaciones con cierto significado, pero no tienen incidencia alguna en las bonificaciones de vacaciones, aguinaldos y prestaciones sociales; son un paliativo para mínimamente solventar el tema alimentario, pero el pago de servicios, calzado y todo lo que implica el costo de una familia, ¿cómo se cubre?”, se preguntó Hurtado.

Ante esto, señaló que desde el sindicato que preside han elevado la voz de protesta, exigiendo los derechos y beneficios para los empleados afiliados o no a la organización.

Anzoátegui

Manifestó que en el estado Anzoátegui, el gobernador Luis Marcano ha puesto “pañitos de agua tibia” para solventar la crisis, con la entrega de bolsas de alimentos y otros beneficios pero a su parecer, no han sido suficientes.

“Han sido algo mínimo, no es para tanto, para que vengan algunas personas, que se consideran dirigentes de trabajadores, a colocarse de rodillas ante el patrón. Los invitamos a incorporarse a la lucha para que exijan el restablecimiento de todos los derechos que nos han confiscado y que no hagan vida sindical para moverle la colita al patrón”, expresó al hacer referencia a un grupo de dirigentes sindicales que, recientemente, declaró que el gobernador recupera de manera progresiva los beneficios del contrato colectivo.

Barcelona / Elisa Gómez

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