La ley ómnibus del Presidente: audaz propuesta de reforma del Estado
El ministro del Interior, Guillermo Francos, al entregarle el proyecto al titular de Diputados, Martín Menem
Finalmente, el presidente Javier Milei envió ayer a la Cámara de Diputados su anunciado proyecto de ley ómnibus al que tituló “Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”, en honor al célebre texto de Juan Bautista Alberdi. Allí le pide al Congreso declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025. A lo largo de 351 páginas y 664 artículos, la iniciativa promueve la privatización de 41 empresas públicas; establece reformas impositivas; suspende la aplicación de la fórmula vigente para actualizar los haberes jubilatorios; elimina las PASO e impone duras penas para contrarrestar los piquetes, entre otras medidas.
La normativa firmada por Milei fue entregada en mano por el ministro del Interior, Guillermo Francos, al titular de la Cámara Baja, Martín Menem, con la intención de que sea tratada durante las sesiones extraordinarios que arrancaron el martes y se extenderán hasta el 31 de enero.
Entre sus fundamentos, el Gobierno afirmó que lo que se pretende es “restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853”, así como también “emprender, inmediatamente y con instrumentos idóneos, la lucha contra los factores adversos que atentan contra la libertad de los argentinos; que impiden el correcto funcionamiento de la economía de mercado y son la causa del empobrecimiento de la Nación”.
Se trata de reformas que, según subrayaron en Casa Rosada, se promueven “en nombre de la Revolución de Mayo de 1810 y en defensa de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos”.
En su primer artículo, la iniciativa establece que su objeto es “promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y limite toda intervención estatal que no sea la necesaria para velar por los derechos constitucionales”.
UN AMPLIO ABANICO DE REFORMAS
Uno de los puntos que plantea la ley es la privatización de las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado, entre las que figuran Aerolíneas Argentinas, Trenes Argentinos, Aysa, Banco Nación, YPF, y los medios de prensa públicos “con el fin de generar mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión”.
La reforma política incluye también la eliminación de las PASO, el establecimiento de un nuevo sistema de elección de diputados en base a circunscripciones uninominales (al estilo anglosajón) y modificando las listas cerradas.
Por otro lado, el Gobierno busca eliminar la fórmula vigente para la actualización de las jubilaciones y pensiones, asumiendo la potestad de “realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”, aunque sin detallar cada cuánto serán las subas ni qué indicadores se tomarán como referencia.
En otro orden, amplía el concepto de “legítima defensa”, incorpora en el Código Penal nuevos controles a las manifestaciones callejeras y agrava las penas por los cortes de calle; en especial para las organizaciones sociales.
Así, la pena por participar de un piquete podría llegar hasta los 3 años y 6 meses de prisión y hasta los 4 años si se causaran daños. En tanto que para los piqueteros que bajo la amenaza de quitas de planes o subsidios obligaran a terceros a participar, la pena podría alcanzar los seis años.
Además, se establece la obligatoriedad de notificar “fehacientemente ante el Ministerio de Seguridad de la Nación” toda “reunión o manifestación” y se advierte que el ministerio podrá “oponerse a la realización de la reunión o manifestación fundamentándose en cuestiones que hagan a la seguridad de las personas o seguridad nacional”. También, que “podrá proponer modificaciones tanto de horario, ubicación o fecha de realización”.
En cuanto al capítulo impositivo, se contempla un blanqueo de capitales y una moratoria de las obligaciones tributarias y aduaneras y de los recursos de la seguridad social vencidas al 30 de noviembre.
También se proponen cambios en el régimen tributario de Bienes Personales, fija las retenciones para el sector agropecuario, autoriza las importanciones de gas natural sin necesidad de pedir autorización, unifica los entes de Gas y Electricidad y cambia la ley de biocombustibles.
Antes de que el proyecto llegara al Congreso, el portavoz presidencial Manuel Adorni había anticipado que el mismo comprendía “reformas profundas, necesarias y urgentes en materia tributaria, laboral, penal, energética y electoral” y apuntó a los legisladores: “Quedará en manos de senadores y diputados” elegir si se va “hacia la libertad” y “a terminar con esta decadencia” que llevó al país a la situación actual.
Según explicó Adorni, la propuesta “complementa” las reformas dictadas por la Casa Rosada a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dado a conocer hace una semana y ambos comparten el “norte” que está “puesto en la libertad de cada uno de los argentinos”.
