El reciente informe anual de la organización PROVEA para el año 2024 revela una realidad contundente: más de 20 millones de venezolanos soportan condiciones de pobreza extrema debido a la persistente precariedad económica. La pobreza multidimensional afecta a más del 50% de la población, lo que se traduce en 14,2 millones de personas con necesidades críticas en diversas esferas de su vida cotidiana. Las desigualdades se han arraigado profundamente en los sectores más vulnerables: mujeres, jubilados, niños, niñas y adolescentes. La baja participación laboral femenina, las limitaciones económicas inherentes a los trabajos informales y las disparidades basadas en roles de género restringen la independencia económica de las mujeres venezolanas.
Estos no son meros pareceres, sino hechos constatados. Sin embargo, resulta desconcertante que diversos voceros no sujetos a la censura persistan en difundir versiones dulcificadas de la infame consigna «Venezuela se arregló». Frente a cada denuncia de las organizaciones sindicales sobre el congelamiento del salario mínimo durante tres años consecutivos, proliferan las «personalidades públicas» que afirman, sin pudor alguno, que «nadie gana en Venezuela el salario mínimo». Este malabarismo argumental busca soslayar que las prestaciones sociales, utilidades y vacaciones se calculan precisamente sobre la base salarial, y que los bonos, además de discrecionales, resultan insuficientes ante el costo de la canasta familiar.
Incluso se llega al extremo de descalificar la exigencia de un aumento del salario mínimo, argumentando que tal medida pondría en riesgo el «control de la inflación y del equilibrio cambiario». ¿Acaso no resulta palmario que ni la inflación ni la paridad cambiaria han sido controladas durante estos tres años de estancamiento salarial? Lo que sí se evidencia es una agudización de la desigualdad económica en el país, lo que inevitablemente conducirá a un incremento de los conflictos sociales en una sociedad tan polarizada.
Recientemente, se viralizó en redes sociales el caso de un individuo que recurrió a la violencia en un centro de salud alegando falta de atención. ¿Es esto una simple anécdota o un síntoma de un problema mayor? Lo cierto es que quienes detentan el poder para abordar estos dilemas no están sirviendo al país, sino a sus propios intereses. No existe otra explicación, dado que, de lo contrario, el interés personal por aspirar a cargos como alcalde, gobernador, diputado o concejal sería secundario frente al deber de reconocer el resultado de la elección del 28 de julio de 2024. Solo este reconocimiento y la implementación de una transición pacífica y ordenada del poder pondrían fin a las sanciones internacionales que pesan sobre el país.
Pero la realidad es otra. En lugar de ello, se restringe el espacio cívico, se persiste en la persecución de la opinión independiente, y el liderazgo democrático permanece en prisión, en el exilio o en la clandestinidad. Culpables de todo y responsables de nada. Este camino, ya conocido, conduce a que los gobernantes, cuyo poder ahora es totalmente independiente de la voluntad soberana del pueblo, prioricen su interés particular sobre el interés general. En esencia, se sirven de lo público antes que servir al público. ¿Qué diferencia a la monarquía absoluta de la España de Fernando VII del régimen venezolano actual? ¿La ausencia de una corona? Efectivamente. Si el pueblo no es soberano, entonces el soberano es alguien que, con o sin corona, impone su voluntad sin contrapesos.
Julio Castellanos / [email protected] / @rockypolitica