El presidente Luis Abinader reiteró ayer su intención de procurar diálogo y consenso en el proyecto de reforma fiscal, al señalar que siempre se dijo que se discutiría en el Congreso donde continúan hoy las vistas públicas, de las cuales dijo que si es necesario se extenderán por otros días en procura de alcanzar asentimiento.
Durante la inauguración de la segunda fase de las instalaciones del puerto de Cabo Rojo, el mandatario dijo que se revisan todas las exenciones e incentivos, y dijo que referidas al turismo se desarrollan muy bien, pero señaló que el polo turístico de Pedernales se beneficiaría con la ley de incentivo al desarrollo fronterizo.
Llama la atención que el Presidente hizo énfasis en lo relacionado con la propuesta de eliminación de exenciones al sector turismo, aunque la Comisión de la legislativa estudia el proyecto recibe también objeciones a revocación de incentivos a otros sectores productivos, así como gravámenes y tasas.
La discusión sobre un proyecto de tanta trascendencia y repercusión económica, social y política, no debería circunscribirse a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, porque la posibilidad de consenso pende sobre el jefe de Estado, aunque su aprobación o rechazo corresponde a las cámaras legislativas.
El presidente de la cámara baja, Alfredo Pacheco, llegó a advertir que los diversos sectores productivos y de la sociedad serian escuchados en el hemiciclo, “pero en orden”, como si se tratara de una puja por el ingreso al Coliseo Romano.
Esa jornada dialogante, que cuenta con el aliento presidencial, debería cuidarse y protegerse como niñas de propios ojos, sin ninguna imposición del poder absoluto, ni con resultados que sean frutos de diligencias, complacencia o influencia de traspatio.
Se resalta lo expresado por el presidente Abinader, de que nadie quisiera hacer una reforma, “pero nos ha tocado hacerla” en lo que consideró como “una labor responsable y patriótica”, aunque debería subrayarse que esa iniciativa nunca debería ser “regresiva, agresiva ni abusiva”, como la definió la economista Mercedes Carrasco.
El Congreso Nacional carece de contrapeso político porque el partido oficial posee mayoría absoluta y clara disposición de aplicarla, como lo demostró con la reforma constitucional, por lo que ese diálogo en busca de consenso ante la reforma fiscal debería tener su centro de mando en el Palacio Nacional.