La absolución del empresario Ángel Rondón y del exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, no es lo que marca el vergonzoso fracaso del escándalo de los 92 millones de dólares en sobornos pagados por Odebrecht para sobrevaluar las obras que construyó en el país.
Lo que marcó el fracaso fue la chapucería del entonces procurador Jean Alain Rodríguez, cuyo principal interés era encubrir a funcionarios, exfuncionarios y legisladores peledeístas y cargar todo el peso de la infamia a servidores del Gobierno de Hipólito Mejía y congresistas perredeístas.
Con Rondón y Díaz Rúa lo que se hizo, después de todo, fue justicia. A uno no se le podía condenar por sobornador sin que se identificaran a los sobornados, y a otro por enriquecimiento ilícito sin que existiera la menor prueba. Si en algo lo dañó la sala de la Suprema Corte de Justicia que conoció la casación fue en negar la existencia de los sobornos, pues la propia constructora reconoció que lo había hecho e incluso se comprometió a través de un acuerdo que no cumplió a identificar con nombres y montos a los beneficiados.
Las más de 130 mil horas que se emplearan en más de un año en la investigación, con la participación de expertos nacionales y extranjeros, fue, por los resultados, tiempo perdido.
Pero si todavía queda alguna reserva sobre el compromiso del exprocurador con la impunidad, el mejor ejemplo es Punta Catalina. Excluyó de la investigación la construcción de las dos plantas, porque desde su punto de vista no había pruebas meritorias para inculpar a nadie. Sin embargo, tiempo después un consorcio internacional de periodistas de investigación encontró un informe en que Odebrecht admitía haber pagado 39.5 millones de dólares en sobornos para las termoeléctricas e identificada con seudónimos a los beneficiados, además de proporcionar los montos y las fechas de los pagos a cada uno.
Lo doloroso del caso es que si en el pasado no hubo interés para establecer responsabilidades sobre los sobornos de Odebrecht, tampoco en el presente se ha movido una paja.
Pero ahora ha sonado la alarma sobre el supuesto fracaso de la lucha contra la corrupción, que al parecer es lo que se persigue, por la absolución de Rondón y Díaz Rúa, los únicos imputados que habían sido condenados. Lo realmente inquietante son las sentencias de primer y segundo grados que penalizan a una persona como sobornador sin identificar a los sobornados, y la de la propia Suprema Corte de Justicia que niega la existencia de un delito reconocido.
Si algo ha evidenciado el proceso Odebrecht es la fragilidad, por las razones que sean, del sistema judicial para terminar con la impunidad en los grandes escándalos de corrupción.