Decir que el crimen campea al interior de las cárceles no es nada nuevo. Afirmar además que se usan celulares en muchos de esos delitos , tampoco es nuevo.
Un sistema que ha sido un fracaso absoluto, en mayúsculas y con letras brillantes: de 23 cárceles que hay en el país, en apenas en siete hay bloqueadores de señal, de los cuales no funciona ninguno.
Encima de todo, esos aparatos generan otro problema: cuando los encienden, dejan sin señal a las comunidades aledañas a las cárceles, ciudadanía que termina afectada por la incapacidad de las instituciones de evitar que les metan celulares a las cárceles.
Es urgente que el Ministerio de Justicia se apoye en los operadores móviles para ayudar a contener esta situación. ¿Cómo? No con esos bloqueadores que no sirven, son costosos (alguien debe estar ganando buena plata) y perjudican a las comunidades.
La tecnología permite individualizar líneas vinculadas a extorsiones y delitos; incluso el aparato desde donde se inician llamadas delictivas desde las cárceles. Debería existir una manera de que tanto operadores, como comunidad en general, puedan determinar y denunciar números de teléfono relacionados con crímenes, ubicarlos por radiobase si están en una cárcel, y proceder al bloqueo no sólo de la línea sino del aparato por IMEI.
Ojalá una solución desarrollada con sentido práctico, integrando tecnología y la experiencia técnica de los operadores, sea la que se imponga.
JOSÉ CARLOS GARCÍA R.
Editor Multimedia
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