Con las denuncias de la oposición sobre la utilización de los recursos públicos en beneficio del presidente Luis Abinader y de los candidatos oficialistas, es sensata, aunque tardía, la decisión de la JCE de prohibir los programas de asistencia social del Gobierno hasta después de las elecciones.
Bonos, donaciones, pensiones solidarias, incremento de la nómina y otras acciones que prohibió la JCE se citan entre las prácticas en que se incurre desde el poder para fomentar el clientelismo político.
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La decisión debió tomarse con la oficialización de la campaña electoral, sin importar que en ese momento el proceso no tuviera el matiz adquirido en estos tiempos.
El ruido se hubiera evitado. De todas maneras se trata de una saludable intervención del presidente Román Jáquez y los demás miembros de la JCE para proporcionar más transparencia y equidad al proceso.