Miles de ucranianos han sido enviados a prisiones rusas. Ucrania dice que están siendo retenidos como moneda de cambio

Kyiv, Ucrania (CNNI — “Queridos mamá y papá, estoy vivo y bien. Estoy bien, Dima”.

Escrito a mano en un pequeño trozo de papel, este es el único mensaje que Halyna y Vasyl Khyliuk han recibido de su hijo Dmytro Khyliuk, conocido como Dima, desde que fue capturado por soldados rusos hace más de dos años.

El periodista ucraniano fue detenido en marzo de 2022 durante la ocupación de su pueblo, Kozarovychi, al norte de Kyiv. Por lo que saben sus padres, el corresponsal de 49 años de la Agencia de Información Independiente de Ucrania fue trasladado a Rusia, donde sigue retenido a pesar de que, según su abogado, nunca ha sido condenado ni acusado.

El gobierno ucraniano afirma que hay miles de personas como Dima, civiles detenidos por Rusia que llevan años en detención arbitraria. Kyiv ha confirmado oficialmente unos 1.700 casos, pero los investigadores de derechos humanos estiman que la cifra real es entre cinco y siete veces mayor. En total, unos 37.000 ucranianos, civiles adultos y niños, y militares, están en paradero desconocido, según la oficina del defensor del pueblo ucraniano, que afirma que se sigue deteniendo a personas en zonas bajo ocupación rusa. CNN no puede verificar de forma independiente el número de detenidos.

Muchos de los detenidos han sido trasladados a prisiones en el interior de Rusia, donde se les mantiene junto a criminales y prisioneros de guerra, en violación del derecho internacional humanitario. Grupos de derechos humanos han identificado unos 100 centros de detención en Rusia y en las zonas ocupadas de Ucrania en los que se retiene a civiles, incluidos varios que se han abierto o ampliado específicamente para alojarlos.

“Los rusos quieren reconocer a muchos de ellos como combatientes militares y darles el estatus de prisioneros de guerra… la razón principal es (construir) un banco de prisioneros de guerra para intercambios”, dijo a CNN en Kyiv el comisionado ucraniano de Derechos Humanos, Dmytro Lubinets. Lubinets afirmó que reconocer a los civiles ucranianos como prisioneros de guerra sería ilegal y peligroso, porque expondría a los ucranianos de las zonas ocupadas a un mayor riesgo de ser detenidos para ser utilizados como moneda de cambio.

“Estas personas no son prisioneros de guerra; son rehenes civiles. Utilizo esa palabra para subrayar lo que está haciendo la Federación Rusa: están reteniendo a civiles como rehenes”, afirmó. Los Convenios de Ginebra, que regulan la conducta en los conflictos armados, prohíben explícitamente la toma de rehenes. Las partes beligerantes pueden internar a personas, incluidos civiles. Pero las normas sobre quién puede ser detenido, por qué y durante cuánto tiempo son estrictas.

“La norma es que no se trata de un castigo”, declaró a la CNN Achille Després, de la sección de Kyiv del Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC, por sus siglas en inglés), quien añadió que solo se puede retener a civiles si es “necesario” por “razones imperiosas de seguridad”.

El gobierno ucraniano y varias organizaciones internacionales afirman que Rusia está cometiendo crímenes de guerra al retener a personas como Dima. La preocupación por las detenciones arbitrarias de civiles ucranianos por parte de Rusia es tan grave que 45 miembros de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) iniciaron en febrero una investigación especial sobre el asunto con el objetivo de encontrar formas de exigir responsabilidades a Rusia.

Búsqueda desesperada

En declaraciones a CNN en su casa de Kozarovychi, que desde entonces ha sido liberada y parcialmente reparada por voluntarios ucranianos, los Khyliuk recordaron el horror de la captura de su hijo y la incertidumbre de su detención continuada.

En las primeras semanas de la guerra, los soldados rusos tomaron su casa, aparcaron el tanque en el jardín y robaron cualquier cosa de valor. Los Khyliuk se refugiaban en casa de un vecino, y sólo de vez en cuando se aventuraban a salir para conseguir provisiones. Fue durante una de estas salidas cuando Dima y Vasyl se encontraron rodeados por un grupo de soldados rusos armados con ametralladoras.

“Nos pusieron una especie de chaquetas en la cabeza y nos taparon los ojos para que no pudiéramos ver nada. A Dima y a mí nos separaron. Una semana después, nos llevaron a Dymer. Allí pasamos dos noches juntos. Hacía frío, el suelo era de cemento, no había calefacción. Yo llevaba una chaqueta de invierno, pero Dima llevaba una chaqueta ligera y botas de agua”, cuenta Vasyl, que fue liberado al cabo de ocho días.

Cuando no volvieron a casa, Halyna dijo que estaba fuera de sí, comprendiendo que los rusos debían de haberlos capturado. “En aquella época capturaban a mucha gente, cogían a quien veían. A los que no necesitaban, los torturaban un poco y los dejaban ir. Pero Dima y otras seis personas llevan dos años en la cárcel”, dice llorando.

Rusia se ha convertido en tal agujero negro de información que muchas familias, autoridades y organizaciones no gubernamentales (ONG) ucranianas deben confiar en el boca a boca de antiguos presos para saber de personas que siguen detenidas.

Anastasiia Pantielieieva, investigadora y periodista que documenta casos de detenciones de civiles y desapariciones forzadas para Media Initiative for Human Rights (MIHR), una ONG ucraniana, declaró que, según testimonios de testigos presenciales, Dima estuvo recluido brevemente en dos centros de detención improvisados de la Ucrania ocupada antes de ser trasladado a un centro de detención preventiva de Novozybkov, en la región rusa de Briansk.

Dijo que el último avistamiento documentado de Dima por un testigo fue en la Colonia Penal Número 7, en la región rusa de Vladimir. En un momento dado, el MIHR recibió indicios de que podría ser trasladado a otro centro en Mordovia, región rusa al sureste de Moscú, pero Pantielieieva dijo que las autoridades rusas no confirmaron esta información.

Moscú ha negado en repetidas ocasiones haber retenido a Dima, a pesar de las numerosas informaciones que lo sitúan en centros de detención de Rusia. Tanto la Comisión de Investigación rusa como el Servicio de Prisiones ruso en Briansk informaron oficialmente al abogado de los Khyliuk en diciembre de 2022 y enero de 2023 de que no se encontraba en Rusia y de que no tenían información sobre él.

La nota manuscrita de Dima estaba fechada en abril de 2022, aunque sus padres no la recibieron hasta agosto de ese año. Después, en mayo de 2023, los Khyliuk dijeron que el ICRC les llamó para confirmar que su hijo estaba vivo. Pero no fue hasta este mes de marzo, dos años después de su detención, cuando el Ministerio de Defensa ruso admitió que Dima había sido detenido y que estaba retenido en Rusia, en una carta dirigida a sus padres. No facilitaron ninguna información sobre su paradero o situación.

“Hemos tenido casos en los que incluso personas sometidas a juicios, juicios públicos, en los que hemos visto fotos de la sala del tribunal, incluso en estos casos, los familiares no tendrían documentos oficiales, nada que confirmara oficialmente que las personas se encuentran en el territorio de la Federación Rusa”, dijo Pantielieieva.

Según el derecho internacional humanitario, en tiempos de conflicto, el ICRC debe tener acceso regular a los detenidos para verificar que reciben un trato humano y para volver a ponerlos en contacto con sus familiares. También se debe informar a la persona del motivo de su reclusión y permitirle apelar la decisión.

Funcionarios de la Inteligencia de Defensa ucraniana dijeron a CNN que creen que el Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) y la Guardia Nacional rusa son los principales impulsores de los arrestos y detenciones de civiles ucranianos. Ninguno de los dos respondió a las peticiones de comentarios de CNN.

CNN también hizo múltiples solicitudes a los ministerios rusos de Defensa e Interior, a la oficina del defensor del pueblo ruso, a la Dirección de Programas Especiales del Presidente de la Federación Rusa y a la Dirección Principal del Estado Mayor (GRU) para obtener información sobre los casos específicos mencionados en esta historia. No han respondido.

Detenidos en secreto durante meses

Para las familias de los detenidos, intentar desenvolverse en el aparato de seguridad ruso forma parte de su pesadilla.

Yulia Khrypun ha pasado más de dos años dirigiéndose a todas las autoridades rusas en las que podía pensar, intentando desesperadamente encontrar información sobre su padre Serhii. Cuando recibía respuestas oficiales, a menudo incluían información contradictoria. “Una institución me informó oficialmente de que había sido detenido por resistirse a la ‘operación militar especial’, mientras que otras decían que nunca había cruzado la frontera con Rusia”, explica. CNN ha visto algunos de los documentos que le enviaron.

Serhii Khrypun fue detenido en Nove, un pueblo cercano a Tokmak, en el sur de Ucrania, donde trabajaba como guardia de seguridad en una granja. La zona llevaba ocupada unas dos semanas cuando, una mañana de marzo de 2022, Serhii llamó a Yulia para decirle que había llegado un nuevo grupo de soldados rusos en dos camiones.

“Y esa fue nuestra última conversación telefónica. Después de eso no tuvimos ninguna información sobre él durante dos días”, dijo. “Me parece que en ese momento él ya sabía que se lo iban a llevar. Llamó a todo el mundo: a mí, a su madre y a su hermana, y a su amigo”.

Yulia pudo reconstruir lo sucedido porque la detención de Serhii fue filmada por una cámara de seguridad de la granja; dijo que se parecía mucho a un secuestro. Cuando llegaron los soldados rusos, los registraron a él y a su colega antes de proceder a desnudarlos, según muestra el video. “Después le pusieron una bolsa en la cabeza y se lo llevaron”, relató.

Unos ucranianos que fueron llevados al mismo centro que su padre, un edificio gubernamental en Tokmak, dijeron a Yulia que él estuvo retenido allí unas dos semanas. También dijeron que fue golpeado por los soldados rusos.

“Luego lo llevaron a Melitópol, donde permaneció tres semanas, después a Olenivka, y de allí a Kursk (en Rusia), y después a Crimea”, dijo, citando lo que ha escuchado de varios testigos presenciales que estuvieron retenidos con su padre. Uno de ellos se puso en contacto con ella tras su liberación, y solo conocía su nombre y el lugar de trabajo de Serhii. Otros fueron entrevistados por ONG o autoridades ucranianas. Basándose en estos relatos, cree que su padre se encuentra ahora recluido en un centro de detención de Kamensk-Shakhtinsky, ciudad de la región rusa de Rostov cercana a la frontera ucraniana.

Rusia retiene a tantos detenidos ucranianos que ha tenido que ampliar varias prisiones y centros de detención preventiva existentes para alojarlos. Según la oficina del Defensor del Pueblo ucraniano, uno de estos centros se ha creado en Chonhar, en el extremo sur de la región de Jersón, ocupada por Rusia, junto a un puente que comunica con la península de Crimea, anexionada por Rusia.

El FSB y otras agencias de seguridad rusas han llevado a cabo una campaña a gran escala de detenciones y desapariciones forzadas en Crimea desde que Rusia se anexionó ilegalmente la península en 2014, dirigida contra opositores políticos, activistas proucranianos y prodemocráticos, defensores de los derechos humanos, periodistas y tártaros de Crimea. Entre los detenidos hay personas sin vínculos con la oposición o el activismo.

El centro de detención preventiva, o SIZO, de Simferópol, se ha convertido en sinónimo de la campaña rusa de terror en Crimea. Según organizaciones de derechos humanos de Crimea, como Zmina, el Grupo de Derechos Humanos de Crimea y Crimea SOS, cientos de personas han permanecido recluidas en el centro durante meses, sin que nadie supiera dónde se encontraban.

Tras la invasión a gran escala de Ucrania, Rusia abrió un segundo centro de detención preventiva en Simferópol, el SIZO n°2. Pero, al parecer, no fue suficiente para albergar a todos los detenidos. Las imágenes satelitales de Maxar Technologies tomadas en julio de 2021 y noviembre de 2023 revelan la transformación de un campus escolar en Chonhar de un edificio ordinario a un centro de detención de alta seguridad. Alrededor del recinto se ha erigido un nuevo perímetro de seguridad con altos muros, con un punto de acceso controlado visible en las imágenes más recientes.

El MIHR ha recopilado una base de datos de instalaciones en las que se detiene a civiles ucranianos, confirmada por testimonios de personas retenidas en los mismos lugares y, en algunos casos, por documentos oficiales. Incluyen prisiones, colonias penales y centros de detención preventiva tan lejanos como las regiones rusas de Irkutsk y Krasnoyarsk, a miles de kilómetros de Ucrania, en Siberia.

“Básicamente la secuestraron”

La familia de la expolicía Mariana Checheliuk lleva dos años intentando rastrear los movimientos de la joven de 24 años por Rusia y la Ucrania ocupada. Desde su detención, se cree que ha sido trasladada al menos seis veces.

Mariana y su hermana menor formaban parte de los cientos de civiles que pasaron semanas refugiadas en la planta siderúrgica de Azovstal, en Mariúpol, durante el asedio ruso a la ciudad portuaria meridional. Finalmente se les permitió salir en mayo de 2022, cuando Rusia y Ucrania acordaron abrir un corredor humanitario hacia la ciudad de Zaporiyia, en manos ucranianas.

En el camino, Mariana fue detenida en un “punto de filtración” ruso en el pueblo ocupado de Bezimenne, según su madre, Natalia Checheliuk. El centro de Bezimenne se hizo famoso en los primeros meses de la guerra. Decenas de miles de evacuados de Mariúpol fueron obligados a pasar allí un control de “seguridad”. Muchos nunca lograron salir.

“Esencialmente fue secuestrada”, dijo Natalia a CNN.

“No hubo audiencias judiciales, no se le acusó de nada e incluso recibimos un correo electrónico del fiscal (de la autoproclamada República Popular de Donetsk) diciendo que no tienen absolutamente ninguna reclamación contra Mariana, que no está acusada de nada y que ‘lo comprobarán y la liberarán'”, dijo Natalia. “Pero esto fue hace ocho meses, y no ha pasado nada”.

Según testigos presenciales que estuvieron retenidos junto a Mariana y que hablaron con su familia, primero la llevaron a un centro de detención en Donetsk, en el este ocupado de Ucrania. Después la trasladaron a Olenivka, el centro de detención donde murieron más de 50 prisioneros de guerra en una misteriosa explosión en julio de 2022.

Desde Olenivka la llevaron a un centro de detención en Taganrog, en el suroeste de Rusia, y después a Kamyshin, en la región rusa de Volgogrado. Desde allí, la enviaron de nuevo a Taganrog y luego a un centro de detención en Mariúpol, donde, por lo que sabe la familia, y según han informado grupos de derechos humanos y funcionarios ucranianos, permanece hasta el día de hoy.

“Mi hija sufrió mucho”, dijo Natalia. “En una carta de diciembre de 2023, escribió que se rendía, que había perdido la fe… Todos los días, todo el día, solo pienso en ella”.

Antes de la guerra, Mariana, Marianochka, como le llama su familia, era voluntaria de bienestar animal, y a menudo se levantaba temprano para preparar y entregar comida a perros vulnerables antes de ir a trabajar con la policía. Adoptó a una perra rescatada llamada Mila, que ahora vive con su familia.

Testigos presenciales han contado a su familia que la detención le ha pasado una gran factura. Una mujer ucraniana que estuvo recluida en el centro de detención preventiva de Taganrog en mayo de 2023 dijo a CNN que Mariana había perdido peso y que su estado de salud era deficiente la última vez que la vio.

Dijo que Mariana tenía problemas en la rodilla tras una lesión en Olenivka y que las condiciones en la prisión eran terribles.

“La comida era horrible, al igual que la actitud de los guardias, que nos maltrataban psicológica y físicamente. A menudo nos obligaban a hacer flexiones, sentarnos en splits, hacer sentadillas y otros ejercicios físicos”, dijo.

“A veces podíamos hacer ejercicios físicos, cantar canciones rusas y el himno nacional de la Federación Rusa todo el día, (los guardias) nos amenazaban con enviarnos a Siberia o a otros lugares… diciéndonos que Ucrania ya no existe, que Ucrania no quiere volver a acoger prisioneros de guerra, que nadie nos quiere”.

La prisionera, que ya fue puesta en libertad, pidió a CNN que no revelara su nombre por temor a represalias.

Según el ICRC, Rusia considera a Mariana prisionera de guerra porque antes era policía, dijo Natalia. Sin embargo, el gobierno ucraniano dijo a la familia que la consideraban una civil y que, como tal, no podía ser intercambiada.

Pantielieieva, investigadora del MIHR, cree que Rusia aprovechará cualquier decisión que reconozca a los civiles como prisioneros de guerra para detener incluso a más. “El número de personas que se están llevando ya es grande, lo hacen todos los días”, afirmó, añadiendo que el último caso de un civil “desaparecido” había llegado a su mesa hacía tan solo unos días.

Voluntarios, periodistas y profesores se encuentran entre las personas que Rusia parece interesada en detener, según los grupos de derechos humanos que vigilan las detenciones, pero a menudo no hay ninguna razón discernible por la que se haya detenido a alguien. “Algunas personas fueron detenidas porque su casa no estaba lejos de las posiciones rusas. O tal vez tenían un video de (el presidente ucraniano Volodymyr) Zelensky en sus teléfonos. O los rusos se interesaron por sus familiares y los tomaron como rehenes”, explicó Pantielieieva.

“Tenemos ejemplos en los que una persona es detenida por un soldado y, al cabo de un mes, otro soldado entra en rotación y se hace responsable de los detenidos y no sabe por qué se detuvo a la gente y va y pregunta a los detenidos por qué se les retuvo”.

“No sé cómo cambiar esto”

Ucrania ha logrado traer a casa a cientos de soldados en intercambios de prisioneros con Rusia e incluso ha tenido cierto éxito repatriando a niños ucranianos que fueron deportados a la fuerza, apoyándose en Qatar y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) para ayudar a mediar en el proceso.

Los civiles detenidos, sin embargo, están atrapados en el limbo. Lubinets, comisionado ucraniano para los derechos humanos, declaró a CNN que hasta ahora solo se ha liberado a unas pocas docenas. “No tenemos un mecanismo legal, no tenemos un socio, no tenemos leyes internacionales, normas internacionales… No sé cómo cambiar esta situación”, afirmó.

El gobierno ucraniano ha admitido que no estaba preparado para manejar la situación de los civiles retenidos sin fin, pero que ahora cuentan con algunos sistemas para apoyar a las familias.

Yulia, cuyo padre Serhii sigue desaparecido, dijo que se dio cuenta muy pronto de que el sistema jurídico internacional no estaba preparado para tratar casos como el suyo.

“El proceso estaba claro con los prisioneros de guerra, porque para ellos hay una unidad militar, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y el Cuartel General de Coordinación de Ucrania (para el Tratamiento de los Prisioneros de Guerra). Pero con los civiles, había diferentes números de teléfono, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la línea directa de la Oficina Nacional de Información, el defensor del pueblo, el Ministerio de Reintegración… era un círculo infernal”, dijo.

Tras meses de llegar a callejones sin salida, Yulia y otro familiar de un detenido ucraniano crearon la organización cívica “Civiles en Cautiverio” para tener más autoridad a la hora de hablar con los funcionarios. El grupo, que ha unido a las familias de unos 400 civiles detenidos, se ha convertido en un actor clave en la sensibilización y mantiene reuniones periódicas con la Jefatura de Coordinación y la oficina del Defensor del Pueblo.

“Todo el mundo conoce a los prisioneros de guerra, pero poca gente habla de los civiles cautivos”, declaró Yulia, quien añadió que a veces se siente frustrada por la decisión del gobierno ucraniano de no reconocer a los civiles detenidos como prisioneros de guerra, como ha exigido Rusia.

“Como hija que lleva dos años esperando a su padre, no entiendo por qué mi padre debe pagar con su vida y su salud”, afirmó.

Lubinets dijo que comprende esa frustración. “Pero, ¿qué se puede hacer con (un) país que no respeta el derecho internacional humanitario y no se hace responsable de ello? Los Convenios de Ginebra dicen que ningún bando en un conflicto armado internacional puede detener a la población civil. ¿Pero Rusia? Lo hicieron y lo siguen haciendo”.

— Video de Oleksii Markin y Boglarka Kosztolanyi. Gráficos de Lou Robinson.