En una denuncia de la AFIP por evasión impositiva contra Pablo Otero, el dueño de la tabacalera Sarandí, la Casa de la Moneda detectó estampillas apócrifas que se podrían haber utilizado para no pagar impuestos. Los paquetes analizados por la Casa de la Moneda -que es la responsable de imprimir los timbres fiscales- pertenecen a la marca Red Point, la más popular de la tabacalera investigada.
La causa donde figura la auditoría sobre las presuntas estampillas falsas cobró importancia hace diez días cuando la Corte Suprema de Justicia intervino en el expediente. Los jueces rechazaron un planteo de Tabacalera Sarandí que buscaba unificar dos expedientes penales que afronta la empresa y Pablo Otero.
Una de ellas en el juzgado federal 3 en Mar del Plata que es la que cuenta con mayor avance en la pesquisa, y la segunda que está en el juzgado federal radicado en Morón. Los expedientes se había iniciado tras una denuncia de la AFIP en 2019, bajo la sospecha de que la compañía estaría evadiendo impuestos con sus productos.
Los expedientes detallan, en grado de presunción porque se está en plena etapa de investigación, los siguientes delitos: falsificación de estampillas fiscales (también llamados timbres fiscales) y venta de cigarrillos con estampillas truchas para evitar el pago de impuestos a la AFIP.
La explicación de ese crecimiento responde a la subfacturación del precio de sus paquetes de cigarrillos ante la AFIP, ya que consiguió medidas cautelares judiciales que le permiten pagar menos impuestos y vender sus productos mucho más baratos que sus competidores. Otero, además, acumuló un proverbial poder de lobby, que incluye una pata política, otra judicial y otra mediática.
El “Señor del Tabaco” presenta cautelares en el fuero Contencioso Administrativo, donde posee contactos y obtiene fallos a su favor.
El abogado de Otero es Maximiliano Rusconi, el exfiscal reclutado por Cristina Kirchner y Lázaro Báez. En enero, Rusconi denunció la Ley Bases por el artículo tabacalero. Argumento: un colaborador de Federico Sturzenegger, uno de sus autores, había sido empleado de Massalin. Rusconi le pidió al juez que habilitara la feria para tratar el tema. El juez es Ariel Lijo, el mismo al que Milei y Lorenzetti intentan ahora subir a la Corte.
La firma a nombre de Otero produce y distribuye cigarrillos con las marcas Red Point, West, Kiel, Nevada, OCB y Master.
Según un informe de la consultora Abeceb este tipo de prácticas por parte de la empresa de Otero y otras tabacaleras mucho más pequeñas, pero que actúan del mismo modo, les permitió incrementar su participación en el mercado de cigarrillos, al pasar del 5,6% del total en 2016, al 38,4% en 2023, generando una “pérdida de recaudación acumulada de US$ 5.823 millones, entre 2018 y 2023” para el Estado nacional.
Para equiparar esta situación, el Gobierno de Javier Milei había incluido varios artículos en el nuevo proyecto de la Ley Bases, pero los que se referían al negocio tabacalero fueron después retirados. Y ya no figura en el proyecto de Ley Bases nuevo. La movida confirma la influencia del lobby de Otero entre jueces y políticos
El argumento de Otero es que el impuesto mínimo afecta a las pymes en su competencia contra las grandes tabacaleras. Y él se ubica en el rol de empresario pyme, aunque no lo sea.