
Dos personas acusadas de agredir a caballos del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles durante las protestas provocadas por las redadas federales de inmigración han sido acusadas de crueldad animal y otros cargos, anunció el martes la Fiscalía del Distrito del Condado de Los Ángeles.
Dana Whitson, de 66 años y residente de Oro Valley, Arizona, fue acusada de un delito grave por agresión a un agente del orden público, resistencia al arresto y crueldad animal por presuntamente empujar a un caballo del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles varias veces y luego golpearlo en el hocico y tirar de las riendas el 13 de junio, según la Fiscalía.
Whitson podría enfrentar hasta seis años y cuatro meses de prisión si es declarada culpable.
Irán Castro, de 29 años y residente de El Monte, fue acusado de dos delitos graves por crueldad animal y agresión a un agente del orden público, además de un delito grave por resistencia al arresto.
Las autoridades alegan que Castro comenzó a tirar de la brida de un caballo y luego agarró las riendas de otro mientras los agentes montados del sheriff se dirigían hacia una multitud en la intersección de las calles Temple y Los Ángeles tras recibir una orden de dispersión. En ese momento, Castro se encontraba en libertad bajo palabra por otro delito grave.
Castro podría enfrentar hasta 10 años y cuatro meses de prisión, según la Fiscalía del Distrito.
También entre las más de 40 personas acusadas de delitos derivados de las protestas migratorias del mes pasado se encuentran:
- Patrick Munoz, de 38 años, residente de Whittier, quien presuntamente golpeó con un asta de bandera a un agente, causándole lesiones, mientras la policía respondía el 11 de junio a una protesta frente a un hotel en la cuadra 7300 de la avenida Greenleaf en Whittier, donde los manifestantes creían que se alojaban agentes de inmigración. Muñoz está acusada de un delito grave por agresión a un agente del orden público y resistencia al arresto, y un delito menor por disturbios, y enfrenta hasta nueve años y dos meses de prisión si es declarada culpable.
- Lucía Aguilar Cole y Antonia Aguilar, ambas de 27 años, residentes de Pasadena, están acusadas de un delito grave por uso de la fuerza o violencia para disuadir o impedir que un agente cumpla con su deber legal y un delito menor por disturbios. La fiscalía alega que las dos hermanas se encontraban en la Avenida Alameda, cerca de la Autopista 101, cuando los agentes ordenaron a un grupo de manifestantes que abandonaran la zona el 8 de junio. Aguilar Cole está acusada de lanzar una botella de agua de plástico a un agente, y su hermana presuntamente interfirió e intentó evitar que los agentes la arrestaran, según la Fiscalía. Ambas podrían enfrentar hasta tres años y seis meses de prisión si son declaradas culpables.
- Robert McGrath, de 21 años y residente de Lakewood, está acusado de un delito grave de vandalismo por presuntamente pintar con aerosol una grosería en el lateral del edificio federal de Asuntos de Veteranos en el centro de Los Ángeles el 13 de junio. De ser declarado culpable, podría enfrentar hasta tres años de prisión.
- Robert Amaya, de 48 años y residente de Los Ángeles, está acusado de un delito grave de agresión con arma mortal por presuntamente acercarse a una niña de 11 años cuya familia salía de las protestas en el centro de Los Ángeles el 10 de junio e intentar apuñalarla, según la Fiscalía. La niña logró saltar y resultó ilesa, informaron las autoridades. Amaya podría enfrentar hasta 13 años de prisión si es declarado culpable, según la Fiscalía.
- Un joven de 17 años está acusado de un delito grave de intento de asesinato, agresión a un agente del orden público y vandalismo, y dos delitos menores de disturbios.
“Las protestas a gran escala pueden haber terminado por ahora, pero nuestro trabajo no”, declaró el fiscal de distrito Nathan Hochman en un comunicado anunciando los cargos.
“Seguimos revisando pruebas, identificando sospechosos y presentando cargos en los casos en que se ha infringido la ley. Quiero agradecer al equipo de investigadores y fiscales por su incansable esfuerzo para garantizar que quienes cometieron actos delictivos bajo el pretexto de protestas rindan cuentas”, declaró Hochman.