Cuando el socio se vuelve maligno: visados, censura y el desafío de EEUU al plan de la UE contra la desinformación
Entre las decisiones de política internacional que está adoptando la Administración estadounidense mediante el uso de criterios de concesión de visados, destaca la reciente aprobación por parte del Departamento de Estados de restricciones para los funcionarios extranjeros que incurran en “actos flagrantes de censura” contra empresas tecnológicas o ciudadanos estadounidenses residentes en sus países.
En nombre de la defensa de la libertad de expresión y de la protección de su soberanía, se oponen a las amenazas de sanción a sus ciudadanos o residentes desde otros países por colgar post en plataformas sociales estadounidenses. Pero también descartan que se pueda exigir a las plataformas tecnológicas estadounidenses que adopten políticas globales de moderación de contenidos o que se involucren en actividades de censura que vayan más allá de su autoridad y afecten a los Estados Unidos.
La restricción de visados puede parecer una medida menor, pero este tipo de micropolíticas opera por acumulación y tiene un efecto performativo. Este anuncio se inscribe en una trayectoria prolongada de pequeñas decisiones dirigidas a presionar a la UE. Incluso si acabara siendo anulada por un tribunal —como tantas otras medidas de la era Trump—, lanza un mensaje claro: cualquier persona implicada en la aplicación de la normativa europea sobre plataformas no solo se enfrentará a la oposición política de Estados Unidos, sino a una hostilidad abierta.
Se trata de un paso muy importante en la confrontación sobre la estrategia que la Unión Europea ha seguido para luchar contra la desinformación durante la última década. Planteada como estrategia conjunta de defensa de la democracia en Europa, como reflejaba el Plan Europeo de Acción para la Democracia (EDAP) y abordada desde muchas políticas específicas distintas (seguridad, protección de los procesos electorales, educación cívica, refuerzo de los medios de comunicación y control de las grandes plataformas), partía de la base de que se luchaba contra la influencia “maligna” de determinados estados autoritarios. Pero también que, para mantener la calidad del debate público democrático, se exigiera a las grandes plataformas el establecimiento de mayores controles sobre los contenidos que diseminan.
Esto se ha reflejado en la legislación (en parte directamente aplicable a los Estados miembros, como la DSA o la EMFA) y en la adopción de políticas específicas sobre cooperación en ciberseguridad o en lo relativo a la guerra de Ucrania en las que Estados Unidos figuraba como socio y colaborador necesario. También las plataformas estadounidenses son firmantes e incluso promotoras del acuerdo de co-regulación que establece el marco de la política europea en materia de moderación de contenidos.
Esta es la pata que ahora se ha quebrado y que pone en jaque esta estrategia. En este sentido, aunque veladamente anticipada en su continuación como “Escudo democrático europeo”, los cambios de la Administración Trump suponen un gran descabezamiento. Porque no solo rompe el frente ante las “influencias malignas”, sino que está respaldando un cambio de actitud radical de los propietarios de las grandes tecnológicas ante las políticas europeas.
Como demuestra su participación en el largo y tedioso proceso de desarrollo de toda esta estrategia que estamos documentando en una amplia base de datos sobre las demandas de diferentes lobbies sobre esta política, META, Google o Twitter aceptaron asumir mayores controles en sus políticas de control de sus contenidos y algoritmos. Esto se reflejó tanto en su asunción del Código de Conducta sobre la desinformación aprobado (y en su ampliación como Código reforzado, ahora de obligatorio cumplimiento) como en decisiones importantes establecidas en la DSA que requieren necesariamente su cooperación. Aunque a día de hoy no se puede dar por seguro un abandono de dicha cooperación por parte de las plataformas —y la normativa no pierde vigencia por su falta de aquiescencia—,su cambio de actitud con el respaldo (e impulso) de la Administración Trump supone un duro revés para llevar a cabo efectivamente la estrategia europea.
Por su propia naturaleza, al ser compañías globales, el respaldo del gobierno estadounidense con medidas sancionadoras a los que responsables europeos que exijan la aplicación de esta normativa supone un escalón más en el enfrentamiento ya existente. Pero, por otro lado, hacen un agujero que puede ser fatal al “escudo de la democracia europeo“, que no hay que confundir con el “escudo antimisiles dorado” que Trump ha vendido a los canadienses a cambio de su integración.
En este sentido y a pesar de la obligatoriedad de muchas de las disposiciones legales aprobadas, muchos Estados miembros de la UE no son conscientes de la trascendencia de lo que está en juego y no están siendo diligentes ni en su aplicación ni en la asunción de un discurso común sobre sus contenidos más importantes. En este caso, la resistencia a los gigantes globales solo se podrá hacer con un acuerdo básico dentro de la UE, en el que se exija la implicación de todos sus miembros.
*Elena García-Guitián y Luis Bouza García son profesores de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid. Forman parte de la Jean Monnet Partnership Spain, que colabora con El Confidencial para la publicación de análisis de temática europea.
Entre las decisiones de política internacional que está adoptando la Administración estadounidense mediante el uso de criterios de concesión de visados, destaca la reciente aprobación por parte del Departamento de Estados de restricciones para los funcionarios extranjeros que incurran en “actos flagrantes de censura” contra empresas tecnológicas o ciudadanos estadounidenses residentes en sus países.
