El Ejército israelí está sufriendo la peor crisis de insumisos y objetores en décadas

Ver a mujeres y hombres con armas semiautomáticas colgadas del hombro se ha convertido en una imagen habitual en Jerusalén. Más aún en el barrio judío de la ciudad antigua, donde decenas de miembros de las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) pasean vigilando sus calles. Algunos de ellos llaman la atención por su juventud. Nada más alcanzar la mayoría de edad, todo ciudadano israelí —ya sea judío, druso o circasiano, excepto los judíos ultraortodoxos— tiene que presentarse de forma obligatoria a prestar sus servicios en las FDI. Una vez alistados, los hombres deben servir un mínimo de 32 meses y las mujeres 24. De no hacerlo, se exponen a cumplir varios meses de cárcel como condena.

“Sabía a lo que me exponia y no me arrepiento”. Sophia Or, ciudadana israelí de 20 años, tomó la decisión de renunciar a formar parte de las FDI cuando cumplió su mayoría de edad, a pesar de que era una cuestión que ya había meditado a los 15. “Lo que está haciendo el ejército es increíblemente inmoral, e increíblemente improductivo para construir un futuro y encontrar una solución. Los crímenes que el ejército lleva años cometiendo y los crímenes de guerra en Gaza, son cosas en las que nunca podría ni querría participar. Va en contra de todos mis valores fundamentales”.

“Me di cuenta de que no solo no puedo participar en esos delitos, sino que tengo que oponerme a ellos y hacer todo el cambio que pueda”. Al tomar la decisión, Or estuvo condenada a cumplir 85 días en una prisión militar. “A veces fue muy duro. Los militares intentaron hacerme cambiar de postura muchas veces, para que dejara de negarme, y también me silenciaron dentro de la cárcel”, relata a El Confidencial. “Estar en la cárcel me demostró lo que ya sabía: la forma en que este sistema deshumaniza y trata a los palestinos no es una anécdota o un accidente, es la forma en que está destinado a funcionar. La forma en que trata de resolver todos los problemas por la fuerza es evidente en todos los lugares y en todos los aspectos”.

Antes de los ataques del 7 de octubre, negarse a servir era algo casi impensable en la sociedad israelí. Incluso hoy sigue siendo un tema casi tabú, ya que implica enfrentarse directamente a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), consideradas el pilar central sobre el que se sostiene el país. La reforma del poder judicial impulsada en 2023 por el Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu provocó una oleada de rechazo entre parte de los reservistas, que amenazaron con dejar de servir al Estado si no se revocaba la ley, a la que tachaban de antidemocrática. Sin embargo, ese amago de desobediencia se esfumó el mismo día en que el grupo islamista atacó el festival de Reim y varios kibutz de los alrededores.

Tan solo tres días después de los ataques, el Gobierno israelí movilizó a un total de 360.000 reservistas (aproximadamente el 4% de su población) para unirse en la lucha contra Hamás. Cuando Israel está en guerra, los reservistas tienen que acudir a la llamada de forma obligatoria. Para algunos, sin embargo, no fue ni siquiera necesario que fuera obligatorio. Decenas de adolescentes se presentaron como voluntarios, a pesar de todavía no haber cumplido los 18 años, en su motivación de acabar con el grupo islamista, aumentando así las cifras de una movilización que nunca se había conseguido alcanzar “con tanta rápidez”, según aseguró el portavoz de FDI, Daniel Hagari.

Pero ahora, un año y medio después del inicio de la guerra en Gaza, la situación es muy diferente. En las últimas semanas, los medios de comunicación israelíes han informado de un descenso significativo en la asistencia de soldados a la reserva. Las cifras difieren según la fuente consultada. De acuerdo con el ministro de Defensa, se estima que la tasa de asistencia se ha reducido al 80% frente al 120% inmediatamente después de los ataques del grupo islamista. Esta cifra, de acuerdo con Kan, la principal empresa de comunicación israelí, se acercaría más al 60% mientras que otros informes apuntan que sería del 50% o incluso inferior. Un escenario que le ha servido a parte de la derecha israelí para argumentar que las protestas contra la reforma judicial no solo motivaron los ataques de Hamás, sino que debilitaron a las FDI.

Ante el creciente número de reservistas que se niegan a servir al Ejército, las autoridades de las FDI están adoptando medidas más severas. En estas últimas horas, The Times of Israel reportó el encarcelamiento de dos reservistas durante cinco días por negarse a realizar operaciones en “la Cisjordania ocupada” o en la “claramente ilegal” guerra en Gaza. Son cientos los que se han opuesto a cumplir con las operaciones israelíes en Cisjordania o con seguir sirviendo en la guerra en Gaza, de acuerdo con el grupo activista Yesh Gvul, que apoya a los reservistas que quieran oponerse a estas órdenes.

Y las protestas continúan. El pasado mes de abril comenzó un llamamiento encabezado por 1.000 reservistas de la Fuerza Aérea —la mayoría de ellos retirados— que alentaban a la población a negarse a cumplir las órdenes de las FDI ante un nuevo reclutamiento para ejecutar el siguiente plan de Israel en Gaza. A estos se les unieron 150 exoficiales de la Marina y decenas de médicos reservistas. En forma de carta, estos oficiales pidieron el fin inmediato de la guerra para proteger a los rehenes que aún quedan con vida, algo que consideran que el Gobierno de Netanyahu no ha sido capaz de hacer.

Los motivos de renuncia son múltiples y diferentes entre sí. La mayoría deciden hacerlo por hartazgo de que la guerra se haya alargado tanto, sin haber conseguido que todos los rehenes, los 59 que continúan en la Franja, hayan regresado. Junto a ellos, existe un porcentaje dentro de la población que se opone a hacerlo por razones éticas. A pesar de que estos casos no son mayoritarios, son cada vez es más crecientes.

“Existe una fractura entre Netanyahu y las fuerzas de seguridad, no solo con el servicio secreto, donde es una especie de enfrentamiento directo- también lo hay con el ejército”, apunta Yoel Bredal, profesora asociada en el departamento de sociología en la universidad hebrea de Jerusalén. “Y la evaluación desde allí es que no hay mucho que ganar con continuar la guerra”.

Señala que “la mayoría de las fuerzas de seguridad también creen que lo que traerá de vuelta a los rehenes es un acuerdo, no más combates. No se puede lograr mucho con una operación de gran escala. Y eso, para muchas personas, significa que esta es una guerra con fines políticos, que se trata de la supervivencia política de Netanyahu”.

Otro aspecto son las bajas civiles. Por primera vez, las cartas de objeción —las cartas de rechazo a servir— provienen de israelíes del centro político, no de la izquierda, sino de israelíes del centro que están abordando el tema del alto número de bajas civiles. “Ahora mismo estamos hablando de una cifra en la que hay 18.000 niños muertos. Es muy difícil justificar eso. Es muy, muy difícil de justificar”, afirma. “Parte de eso creo que es por el trauma de luchar contra civiles. Quiero decir, en toda guerra hay trauma, obviamente, pero hay un tipo diferente de trauma cuando se trata de civiles”.

A pesar de que cree que el aspecto moral no es la principal causa que ha llevado a la reducción de reservistas dispuestos a seguir formando parte del Ejército, Bredal indica que “si juntas todos los factores, lo que se ve es que si llaman a las reservas y solo se presenta el 40 % de las personas o un tercio de un batallón, los que sí van son o extremadamente ideologizados o los que sienten que es mejor que estén ellos allí antes que otras personas más radicales”. Lo principal, defiende, “es que la gente no cree que esta sea una guerra necesaria”.

Negarse a formar parte de las FDI también depende directamente de la capacidad económica de cada uno. “Es un tema enorme, porque hay que entender que el ejército es el núcleo de la sociedad”, afirma la experta. “Israel es una república, y es un lugar donde obtienes tus derechos a través de tu participación en el ejército. Realmente es así, no es una idea imaginaria. Es real”.

“Ir en contra de eso requiere, en primer lugar, mucho coraje”, sostiene. “También requiere cierta capacidad social y económica. Porque si no haces el servicio militar y tu currículum no lo refleja, tus posibilidades de conseguir trabajo disminuyen. Por eso verás que muchas personas que se niegan a entrar al ejército son de clase media o alta. Porque pueden permitírselo. Pero eso también está empezando a cambiar”.

Inmovilismo de la comunidad ultraortodoxa

Dado que el servicio militar israelí es obligatorio para el resto de la población, el trato desigual hacia esta comunidad ha levantado ampollas en la sociedad israelí desde hace décadas. A medida que los meses de la guerra discurrían, el enfado porque este sector no formase parte del Ejército se hacía más que evidente y así se reflejó en la decisión unánime que emitió el jurado al resaltar que,”en estos días, en medio de una guerra difícil, la carga de esa desigualdad es más aguda que nunca, y requiere el avance de una solución sostenible a este problema”.

Sin embargo, el Tribunal aún no ha fijado una fecha a partir de la cual el Ejército deba reclutar de forma obligatoria a los miles de estudiantes de la Toráh que estén en edad de alistarse. Gali Baharav-Miara, fiscal general de Israel, señaló una carta presentada a los funcionarios del gobierno que el ejército se había comprometido a reclutar al menos a 3.000 estudiantes religiosos ultraortodoxos —de los más de 60.000 en edad de ser reclutados— durante el próximo año. En lugar de una fecha, lo que sí existe es un dictamen como medida de presionar a esta comunidad religiosa, que incluye la suspensión de millones de dólares en subvenciones gubernamentales concedidas a las escuelas religiosas.

Aun así, esta no ha sido suficiente para movilizar a esta comunidad. En un comunicado, emitido por la Knéset (el Parlamento israelí), las autoridades del Ejército señalaron que “de los 18.915 hombres haredíes que recibieron órdenes de reclutamiento durante el actual ciclo de alistamiento, solo 232 se han unido al ejército, 57 de ellos en funciones de combate”.

“Nos fijamos un objetivo de 4.800 y no lo alcanzaremos. Hay una tendencia al alza, pero no es suficiente ni se corresponde con la gran necesidad operativa”, concluyeron.