“Todo es pagar y pagar y nadie te garantiza nada. Estoy agotada de luchar”, lamenta Eduarda da Silva, una joven brasileña de 26 años que llegó a Canadá a los 15 para terminar sus estudios secundarios. Después de once años en el país, no ha logrado conseguir un estatus legal ni regularizar su situación migratoria. Tras el cierre repentino de su empresa, que le había tramitado un visado de trabajo cerrado, Eduarda se encuentra legalmente atrapada: no puede trabajar para ningún otro empleador, a menos que se costee todo ella otra vez.
Tras intentarlo en varias provincias canadienses, y solo encontrar trabajos precarios y alquileres inasumibles, Eduarda ha decidido abandonar el paísy comenzar una nueva vida en España junto a Verónica, su pareja, originaria de Segovia y residente en Canadá desde 2023. “Después de once años aquí, me voy con la sensación de haber estado todo este tiempo en un limbo. Tantos años en el país, y ningún derecho”, concluye Eduarda.
El Dorado canadiense se le quedó en latón.
La gestión de la inmigración es la gran espada de Damocles de los tiempos de hoy para los estados: un asunto trasversal que afecta a la economía, tensiones sociales, demografía y, por supuesto, política. Y, hasta el Canadá –un país gigantesco, con poca población autóctona, retroceso demográfico y una creciente economía– parecía haber encontrado su solución con una gestión migratoria considerada por los expertos como “modelo para otros estados”. Eso se acabó.
El gobierno canadiense ha basado su modelo de crecimiento económico en la inmigración, y ha convertido el multiculturalismo en una marca de identidad del país. Cerca de uno de cada cuatro ciudadanos son nacidos en el extranjero, uno de los mayores ratios entre las naciones industrializadas. Y sin embargo, hace unos meses, el Gobierno sorprendió al anunciar una reducción del 20% en la cuota de inmigración permanente y un recorte anual de medio millón de inmigrantes temporales. Este giro marca una ruptura total con la estrategia del Partido Liberal, en el poder desde 2015, y que este lunes se enfrenta a nuevas elecciones, sacudidas por el terremoto Trump al otro lado de la frontera.
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Desde 1967, Ottawa introdujo un sistema para la evaluación de solicitudes migratorias basado en un ránking de puntos, priorizando por ejemplo candidatos jóvenes con altos niveles de estudios, experiencia laboral o idiomas (inglés y francés) o, por otro lado, familias completas con hijos que demostraran interés en quedarse y seguir alimentando la pirámide demográfica y social del país. Paralelamente, Canadá amplió sus recepciones de refugiados, convirtiéndose en un destino muy jugoso por los desplazados por la guerra o la persecución.
Si bien este modelo ha sido durante años el motor económico del país, empezó a revelar sus límites. Sorprendentemente, el que ha hecho al gobierno cambiar de rumbo no ha sido la reacción contra el “multiculturalismo” que ha alimentado a partidos de extrema derecha en otros países, sino otro problema que también azota a los países occidentales: la vivienda y los servicios públicos que la acompañan.
Virginie Dostie-Toupin, consejera municipal de Saint-Lambert, una localidad situada en los suburbios de Montreal, denuncia la falta de planificación del gobierno federal y provincial para acoger a los recién llegados: “Queremos acoger a la gente, pero de la forma correcta. Asegurar un techo y servicios públicos de calidad es lo mínimo: así ganamos todos”.
El objetivo de los recortes en inmigración, según explicó el primer ministro saliente, Justin Trudeau, es dar tiempo a las provincias para ponerse al día en términos de vivienda, sanidad y servicios sociales. “No hemos podido encontrar el equilibrio adecuado entre crecimiento poblacional y capacidad de respuesta”, reconocía.
Antes de la pandemia de la covid-19, Canadá tenía un crecimiento anual de entre 200.000 y 600.000 personas. Pero estas cifras se dispararon en 2023, cuando las fronteras volvieron a abrirse. Las estimaciones iniciales proyectaban la llegada de 1,2 millones de inmigrantes entre 2023 y 2026, pero subestimaron el peso de la inmigración temporal: el número de visados concedidos —incluidos los dirigidos a estudiantes internacionales o trabajadores extranjeros— ha hecho que la cifra real se acerque a los tres millones.
Servicios públicos
Virginie Dostie-Toupin señala la precariedad estructural de unos servicios públicos que atraviesan una crisis desde hace años. Aunque Canadá apuesta por atraer talento y dar prioridad a los trabajadores jóvenes y cualificados, no dispone de los recursos suficientes para asegurar una acogida digna. “Solo en Quebec se necesitarían 50 colegios más para cubrir toda la demanda“, añade.
En esta misma provincia los tiempos de espera para acceder a un médico de familia es de unos 5 años de media. Actualmente, más de medio millón de personas están en lista de espera solo en Quebec, lo que se traduce en un colapso permanentede las salas de urgencias.
Carmen Pérez, hidrogeóloga con 20 años de experiencia, llegó a Vancouver hace dos años con su pareja y su hija, tras recibir una oferta de empleo cualificado en su sector. Sin embargo, la realidad no ha estado a la altura de lo prometido. “Nadie te dice que no hay guarderías públicas antes de llegar, yo tuve que mandar 70 solicitudes antes de encontrar plaza para mi hija”. Una guardería privada subvencionada en Vancouver cuesta, alrededor de 1.400 dólares canadienses al mes (aproximadamente 900 euros).
En el ámbito de la salud, Carmen tampoco ha encontrado facilidades: lleva meses esperando que le den cita para un control rutinario, pese a llamar al hospital prácticamente a diario. Tampoco tiene médico de familia pese a que su hija presenta necesidades especiales y ha debido de pagar de su bolsillo pruebas de diagnóstico privado cuya factura asciende a varios miles de dólares. “Te quieren aquí, pero no te ayudan. No hay conciliación. No te tratan como igual”, lamenta.
Acceso a la vivienda
El acceso a la vivienda es un problema que afecta tanto a canadienses como a personas migrantes, aunque golpea con más fuerza a quienes acaban de llegar.
Se estima que Canadá necesitará 3,5 millones de viviendas adicionales antes de 2030 solo para cubrir la demanda actual. Por cada cuatro personas que llegan al país en edad de trabajar, solo se construye una nueva vivienda. Los precios están disparados ante la falta de oferta: entre 2020 y 2025 el precio promedio de una casa ha pasado de 540.000 a 710.000 dólares canadienses. Al mismo tiempo, la tasa de vacantes de alquiler se sitúa en mínimos históricos.
Carmen Marquez, catalana residente en Montreal desde 2019 y propietaria de un bar de tapas, recuerda que a uno de sus empleados —también inmigrante— le costó más de un año encontrar vivienda. En ciudades como Toronto o Vancouver, la escasez de vivienda ha dado lugar a situaciones límite en el mercado del alquiler, con ofertas de habitaciones compartidas o espacios mínimos a precios elevados. El precio medio de alquiler de un apartamento de dos habitaciones en Vancouver ronda los 3.700 dólares canadienses al mes (alrededor de 2.500 euros).
El problema no se limita a las grandes urbes. En las zonas rurales, donde apenas se construye, la situación puede ser incluso más precaria. Mathieu Tremblay, director de Impack, una empresa de ingeniería en Saint-Jacques —a una hora de Montreal— optó por tomar medidas por su cuenta: “Recurrimos a la inmigración para enfrentar la escasez de mano de obra, pero nos topamos con la falta de vivienda como un obstáculo enorme. Por eso decidimos construir un tríplex junto a nuestras oficinas para alojar a nuestros trabajadores extranjeros y facilitar su integración”, explica.
Regularizar inmediatamente a los albañiles
En marzo, el ministro federal de Inmigración, Marc Miller, presentó un nuevo plan con medidas destinadas a apoyar al sector inmobiliario, que incluye la regularización de trabajadores extranjeros sin estatus que ya ejercen en ese ámbito. “La industria de la construcción de Canadá es esencial para sostener y mantener el crecimiento del país. Necesitamos trabajadores para responder a la demanda de mano de obra cualificada”, afirmaba.
“El exceso de reglamentación frena y ralentiza el desarrollo inmobiliario. Los costos para los promotores son elevados y, al final, prefieren hacer proyectos en otros lugares. Los materiales y la mano de obra son caros y difíciles de encontrar. El ritmo de edificación es muy lento y eso crea una tormenta perfecta”.
Desencanto y conclusión
El desencanto se extiende entre quienes llegaron con la promesa de una vida mejor. Clara Guiraud-Araujo, una joven hispanofrancesa, que trabaja desde hace dos años en el Centre multi-éthnique de Québec lo constata a diario: “Muchos llegan pensando que Canadá es el Dorado, que el dinero va a entrar a raudales y que quedarse será fácil. Pero no es así”.
Guiraud-Araujo reconoce que Canadá es un país con oportunidades laborales, pero también con grandes contrastes: “La brecha entre la calidad de vida y la calidad laboral es notable. No se puede tener todo. En España se vive mucho mejor”.
Denuncia que el gobierno provincial quebequense impone cada vez más trabas a los empresarios para contratar mano de obra migrante y a los inmigrantes temporales para acceder a la residencia permanente: “Se prioriza a gente joven, con experiencia cualificada y buen nivel de francés. Aun así, el proceso es cada vez más complicado”.
Eduarda y Verónica comparten esta visión y señalan el obstáculo económico que representa emigrar: “Todo se basa en tu capacidad económica. Si tienes recursos, puedes optar a diferentes vías… pero incluso así, conseguir la residencia permanente te va a llevar de 4 a 5 años y requiere mucho dinero”.
La sensación de haber sido utilizados como mano de obra desechable se repite. David, un joven soriano que llegó a Montreal en 2024 con un visado de trabajo temporal, ha encadenado empleos precarios en distintos sectores. Ahora se plantea regresar a España, aunque quiere “darle una última oportunidad al verano, por si surge alguna otra opción”.
Canadá se enfrenta a una posible recesión económica, y el apoyo social a la inmigración se resiente: según una encuesta reciente de Shifting Borders, el 50% de la población la ve hoy como algo negativo — diez puntos más que el año anterior.
Los gobiernos han tomado nota. En otoño pasado, Quebec, —gobernado por la Coalición Avenir Québec— suspendió dos programas de inmigración permanente. “Habrá una revisión inminente de nuestras políticas de acogida”, advirtió el ministro provincial de Inmigración, Jean-François Roberge.
Canadá parece adentrarse en una nueva era, marcada por una posible ralentización económica y las tensiones estructurales. Su modelo de crecimiento económico basado en la inmigración ya no es sostenible sin una planificación real que garantice el acceso a vivienda, servicios y condiciones dignas.
Replantear el modelo migratorio ya no es solo cuestión de estrategia económica, sino de honestidad política. Mientras tanto, las vidas de muchos de quienes llegaron creyendo en el sueño canadiense siguen haciendo malabares entre la precariedad y la resistencia. En palabras de Verónica: “Quiero luchar por un buen trabajo, no por sobrevivir”.
