Durante su mandato, Donald Trump endureció las políticas migratorias y de sanciones en Estados Unidos, poniendo la mira en funcionarios latinoamericanos acusados de corrupción y violaciones de derechos humanos. La medida ha causado gran controversia y ha dejado a muchos preguntándose: ¿qué hay detrás de estas decisiones y quiénes están en la lista negra? En este artículo, revelaremos los detalles.
¿Por qué Trump vetó la entrada a funcionarios de América Latina?

Durante su administración, Donald Trump estableció un conjunto de sanciones que impactaron directamente a diversos funcionarios de América Latina. El objetivo de estas sanciones fue combatir la corrupción y promover los derechos humanos en la región.
Para decidir quiénes serían vetados, Trump se basó en la llamada «lista Engel», un registro de actores corruptos y antidemocráticos, originalmente centrado en Centroamérica pero que luego se amplió para incluir otros países de América Latina y el mundo. Esta lista, publicada anualmente desde 2021, identifica a individuos que socavan la democracia y el estado de derecho, otorgando al gobierno estadounidense la autoridad para prohibir su ingreso.
Las medidas adoptadas se sustentaron en la Ley de Responsabilidad de los Derechos Humanos y la Ley de Sanciones Globales de Corrupción, que permiten actuar contra personas que representan una amenaza para la democracia. El mensaje fue claro: Estados Unidos no será refugio para quienes se involucren en prácticas corruptas o violaciones de derechos humanos.
Los funcionarios vetados por el gobierno de Trump

La lista de figuras sancionadas incluye a presidentes, exmandatarios y altos funcionarios de varios países de América Latina. A continuación, los nombres más relevantes:
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Nicolás Maduro (Venezuela): Acusado de socavar la democracia y cometer violaciones de derechos humanos.
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Daniel Ortega (Nicaragua): Señalado por la represión de la oposición y la manipulación judicial.
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Raúl Castro (Cuba): Sancionado por su rol en el régimen cubano.
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Miguel Díaz-Canel (Cuba): Presidente actual del país, sujeto a restricciones de viaje.
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Cristina Fernández de Kirchner (Argentina): Vinculada a casos de corrupción relacionados con contratos de obras públicas.
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Julio De Vido (Argentina): Exministro de Planificación, implicado en esquemas de soborno y corrupción.
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Horacio Cartes (Paraguay): Expresidente acusado de corrupción y prácticas antidemocráticas.
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Juan Orlando Hernández (Honduras): Expresidente, acusado de vínculos con el narcotráfico y corrupción.
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Ricardo Martinelli (Panamá): Acusado de corrupción y malversación de fondos públicos.
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Rafael Correa (Ecuador): Sentenciado en ausencia por corrupción.
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Jorge Glas (Ecuador): Cumpliendo condena por corrupción vinculada al caso Odebrecht.
Estas sanciones también alcanzaron a jueces y funcionarios judiciales que, según el gobierno de Trump, socavaron la democracia y actuaron en complicidad con redes criminales.
¿Qué es la lista Engel y por qué fue clave en la estrategia de Trump?

La lista Engel lleva el nombre del excongresista demócrata Eliot Engel y fue impulsada para sancionar a figuras políticas y empresariales responsables de actos de corrupción en el Triángulo Norte: Guatemala, El Salvador y Honduras. Aunque la propuesta se consolidó durante la administración de Joe Biden, sus raíces se encuentran en las políticas migratorias y de sanciones de Trump.
Esta herramienta ha sido fundamental para vetar la entrada de funcionarios a Estados Unidos y representa un intento de ejercer presión sobre gobiernos considerados antidemocráticos. La medida no solo afectó a América Latina, sino que también tuvo repercusión en otros países como Cuba, Venezuela e Irán.
Los países en la lista roja de Trump
La política de vetos impulsada por Trump no solo afectó a funcionarios individuales, sino también a países completos considerados «amenazas» para la seguridad nacional. Durante su mandato, el expresidente implementó restricciones de viaje que alcanzaron a naciones como:
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Cuba
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Irán
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Libia
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Corea del Norte
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Somalia
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Sudán
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Siria
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Venezuela
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Yemen
Estas restricciones generaron controversia tanto dentro como fuera de Estados Unidos, ya que muchos consideraron que algunas decisiones estaban motivadas más por razones políticas que por hechos comprobados.
¿Qué sigue para los sancionados?
La situación de estos funcionarios sigue siendo incierta, especialmente en aquellos casos en los que el veto se mantiene activo bajo la administración Biden. Aunque algunos sectores apoyan estas sanciones como una forma efectiva de lucha contra la corrupción, otros creen que la falta de pruebas concretas socava la legitimidad de las decisiones.
El futuro de estos vetos dependerá de los cambios en la política exterior estadounidense, pero lo que está claro es que el impacto de estas medidas dejó huella en la relación entre América Latina y Estados Unidos.