Tras la abrupta salida de Ignacio Yacobucci de la Unidad de Información Financiera (UIF) debido a una gestión cuestionada y a gastos personales que contradecían la política gubernamental, se ha desatado un nuevo conflicto con la Procuración del Tesoro, liderada por el jurista Rodolfo Barra.
De manera comparable a lo sucedido con Yacobucci en la UIF, el Gobierno identificó que el exjuez de la Corte Suprema en tiempos del menemismo, Rodolfo Barra, elaboró un dictamen que no protegió los intereses del Estado en un aspecto crucial para la agenda libertaria: la reestructuración de la administración pública.
Para comprender a fondo el caso, es necesario retroceder en el tiempo hasta una obsesión que dominó a la Casa Rosada a lo largo de todo el 2024: los Registros del Automotor.
Bajo la idea de que estos eran fuentes de ingresos para el ámbito político y, además, obstaculizaban y encarecían los trámites, Milei dispuso el cierre de más de 136 oficinas. La eliminación de estas fue incorporada en la Ley Ómnibus. No obstante, aunque se lograron reducir costos y se implementaron simplificaciones, la creación de un Registro único, digital y remoto aún no ha sido alcanzada.
Los empleados despedidos recibieron acuerdos laborales que eliminaban los incentivos que anteriormente eran pagados por ACARA. Sin embargo, una empleada, identificada como A.T., presentó un reclamo judicial exigiendo que se le restituya dicho beneficio, argumentando su carácter remunerativo.
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El dictamen de Barra respaldó esta postura, lo que generó una ola de críticas dentro del Ejecutivo. Fuentes oficiales señalan que, aunque el documento no es vinculante, sienta un precedente que podría inclinar la balanza judicial en contra del Estado. Además, el hecho de que Barra delegara la firma del documento en su segundo, Marcos Serrano, intensificó el malestar en la Casa Rosada, donde consideran esta acción como una falta de liderazgo y lealtad.
