La Procuraduría General de la República aún sigue investigando nuevos agentes de la Policía Nacional por el caso del robo de municiones en la Superintendencia de la institución armada, muchas de las cuales fueron a parar en manos de las pandillas haitianas.
Hasta el momento por el caso Pandora han sido procesadas diez personas, de las cuales siete agentes de la PN fueron enviados a cumplir 18 meses de prisión preventiva al Centro de Operaciones Especiales, en Manoguayabo, Santo Domingo Oeste.
La investigación del caso es dirigida por encargada de Persecución del Ministerio Público, procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, quien es asistida por un equipo de fiscales y un personal técnico.
Una fuente explicó a El Nacional que ese equipo dura hasta altas horas de la noche trabajando en la investigación de más de 15 agentes, incluyendo altos oficiales.
Del caso se han hecho eco organismos de inteligencia de los Estados Unidos, que han respaldado la labor del Ministerio Público, ya que mucha de esas municiones fueron vendidas a las pandillas de Haití, un país sacudido por una perturbación social, matizada por el auge de la delincuencia y la violencia.
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El proceso se ha extendido, hasta el punto de que se está trabajando en la articulación de una segunda fase del caso.
Procesados
El 25 de noviembre, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso 18 meses de prisión preventiva, al coronel de la Policía Nacional, Narciso Antonio Feliz Romero, acusado de ser la cabecilla de una red que se dedicaba a sustraer proyectiles del cuerpo del orden.
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Igual medida fue impuesta en contra del subintendente Juan Miguel Pérez Soler; el capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos; el segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio; el cabo Juan Luis Díaz Medina, los rasos Rubiel Martínez (Escobar) y Moreibín Medina.
Un apunte
Confirman prisión
La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ha confirmado la medida de coerción, consistente en prisión preventiva impuesta por el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional contra varios imputados del caso Pandora, que los envió a prisión preventiva Oeste por 18 meses.
