Maduro toma como rehenes a ciudadanos estadounidenses y los utiliza como estrategia de negociación
Caracas, Venezuela.
El gobierno de Nicolás Maduro ha vuelto a recurrir a la detención arbitraria de ciudadanos estadounidenses para presionar a Estados Unidos en la negociación de sus intereses.
A pesar de las promesas hechas a la administración de Joe Biden en diciembre de 2024 de no utilizar a ciudadanos estadounidenses como moneda de cambio, el régimen venezolano ha detenido al menos a ocho ciudadanos norteamericanos en lo que va de año.
En una escalada de tensiones, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, denunció públicamente en octubre pasado una supuesta conspiración para atentar contra la vida de Maduro, involucrando a 19 extranjeros y 15 venezolanos.
Entre los extranjeros detenidos se encuentran ciudadanos estadounidenses, a quienes se acusa falsamente de planificar actos terroristas y de magnicidio.
Las autoridades venezolanas han sometido a los detenidos a interrogatorios coercitivos y a desapariciones forzadas, obligándolos a confesar bajo tortura y a involucrar a líderes de la oposición venezolana.
El objetivo principal de estas detenciones es vincular a la oposición con planes conspirativos para desestabilizar al gobierno y justificar así la represión.
Para hacer más creíbles sus acusaciones, el régimen venezolano ha involucrado a figuras internacionales como el ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, y a agencias de inteligencia de Estados Unidos y España. Sin embargo, las pruebas presentadas por el gobierno venezolano carecen de credibilidad y se basan en testimonios obtenidos bajo coacción.
Entre los ciudadanos estadounidenses detenidos se encuentran Wilbert Joseph Castañeda Gómez, a quien se acusa de ser el líder de una operación para asesinar a Maduro, y Jonathan Pagan González, quien supuestamente tenía la misión de infiltrarse en grupos religiosos.
También se ha mencionado a David Estrella, un estadounidense con doble nacionalidad ecuatoriana, cuyo paradero se desconoce.
Estas nuevas detenciones ponen de manifiesto la política de Estado del régimen de Maduro de utilizar a ciudadanos extranjeros como rehenes para obtener beneficios políticos.
La comunidad internacional debe condenar enérgicamente estas acciones y exigir la liberación inmediata e incondicional de todos los detenidos políticos en Venezuela.
