ANÁLISIS | La evasión de Trump de rendir cuentas el 6 de enero tendrá eco durante los próximos cuatro años y las generaciones venideras | CNN
(CNN) – El fiscal especial Jack Smith se propuso demostrar en el caso Estados Unidos de América contra Donald J. Trump que ni siquiera los presidentes están por encima de la ley.
En lugar de ello, sus fallidos procesamientos acabaron haciendo a Trump aún más poderoso mientras el eufórico presidente electo se prepara para volver al cargo el 20 de enero.
La decisión de Smith de plegarse a lo inevitable y archivar sus casos sobre la supuesta injerencia electoral de Trump y el acaparamiento de documentos clasificados representó una victoria trascendental para el 45º y 47º presidente.
El caso de las elecciones federales dio lugar a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que concede a un presidente inmunidad limitada por actos oficiales. Es probable que esto refuerce la creencia de Trump de que tendrá una autoridad casi sin control y, por tanto, repercutirá en los próximos cuatro años y en las generaciones venideras.
Y un presidente –que se negó a aceptar la voluntad de los votantes, principio básico de la democracia, tras perder unas elecciones y luego dijo a sus partidarios que “lucharan como el demonio” antes de invadir el Capitolio estadounidense– no pagará ningún precio legal duradero.
Una circunstancia sin precedentes
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Smith, en su sombría jerga jurídica, esbozó la enormidad de la realidad estadounidense.
“El Departamento (de Justicia) y el país nunca se han enfrentado a la circunstancia que nos ocupa, en la que una acusación federal contra un ciudadano privado fue emitida por un jurado investigador y un proceso penal ya está en marcha cuando el acusado es elegido presidente”. Añadió que, según la política del Departamento de Justicia, el caso no puede seguir adelante porque la Constitución prohíbe la acusación o el procesamiento de presidentes en ejercicio. Pero también dejó claro que el resultado no está “basado en los méritos o la fuerza del caso contra el acusado”.
En otras palabras, los votantes eligieron a un presidente bajo acusación penal federal a pesar de que sigue acusado de uno de los crímenes más graves contra la democracia en la historia de Estados Unidos. Trump se declaró inocente de todos los cargos que se le imputan.
Y al votar de la forma en que lo hicieron, los estadounidenses lo exoneraron de hecho en los casos federales, por cargos que podrían haberlo llevado a la cárcel.
Irónicamente, la misma democracia que Trump había intentado subvertir fue la que le liberó legalmente.
Los casos estaban condenados de todos modos, ya que Trump prometió despedir a Smith tan pronto como asumiera el cargo.
Pero el paso dado por Smith este lunes validó la estrategia legal y política de Trump, que implicó repetidos retrasos, a veces con la ayuda de jueces conservadores, y el imperativo absoluto de ganar las elecciones presidenciales, una hazaña que parecía improbable cuando fue acusado por primera vez.
Qué significa la frustración de la rendición de cuentas
La elusión de la rendición de cuentas por parte de Trump tendrá consecuencias a corto y largo plazo.
Su segundo mandato, que ya ha prometido dedicar a la “retribución”, tiene el potencial de desarrollarse en un ambiente de impunidad aún mayor que el primero. Al fin y al cabo, Trump accede al cargo por segunda vez habiendo comprobado que su método de poner a prueba el Estado de Derecho hasta sus límites tenía pocos inconvenientes, aparte del simbolismo de su segunda destitución por parte de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
“Para Donald Trump, su estrategia de retrasar, retrasar, retrasar y luego ganar las elecciones para acabar con los litigios, resulta ser una de las últimas historias de éxito”, dijo James Sample, profesor de Derecho en la Universidad de Hofstra, a Julia Chatterley en “First Move” de CNN International. “Sin duda es una victoria en términos de evitar la rendición de cuentas, lo que significa que es una pérdida para el Estado de Derecho que se tardara tanto en llevar estos casos a juicio que, de hecho, nunca llegaron a juicio antes de las elecciones”.
La incapacidad de Smith para hacer rendir cuentas al presidente electo –por el ataque más flagrante a la integridad de las elecciones de los tiempos modernos– también tendrá eco a lo largo de los tiempos.
Muchos republicanos ya están convencidos de que Trump fue injustamente señalado. Pero algún futuro presidente, dentro de décadas, podría decidir inmiscuirse en el resultado de unas elecciones que perdió sabiendo que un predecesor se salió con la suya.
La apuesta de Smith fracasó
En Washington, la juez Tanya Chutkan, que iba a presidir el juicio político del siglo en el caso federal de interferencia electoral, accedió rápidamente a la petición de Smith de desestimar el caso sin prejuicios, lo que significa que, en teoría, Trump podría volver a enfrentarse a los mismos cargos cuando deje el cargo. Pero las posibilidades de que se reanude el juicio dentro de cuatro años son muy remotas, incluso si un demócrata está en la Casa Blanca.
El plegamiento de las acusaciones federales también plantea interrogantes para Smith y el Departamento de Justicia.
Los demócratas se quejaron durante mucho tiempo de que el secretario de Justicia, Merrick Garland, esperó demasiado tiempo para nombrar a un fiscal especial para investigar a Trump por su intromisión en las elecciones de 2020. Después de todo, una comisión selecta del Congreso bajo la anterior mayoría demócrata de la Cámara pasó meses investigando el asunto. El caso podría haber llegado a juicio si Garland se hubiera movido con más rapidez. Ciertamente, hubriera habido más tiempo para que se desarrollasen las apelaciones a la Corte Suprema de Justicia que los demócratas pensaban que estaban contaminadas por las tácticas de retraso politizadas de la mayoría conservadora.
