El presidente Luis Abinader pasa a la historia con el proyecto para reformar la Constitución, en que antes que sacar beneficios personales o confeccionarse un traje a la medida con la mayoría absoluta con que cuenta en las cámaras legislativas, no hace más que sacrificar su capital político en aras de la consolidación del sistema institucional.
Abinader no solo consigna que no podrá repostularse en las elecciones de 2028, sino que coloca un candado a la Carta Magna para evitar que en lo adelante pueda ser modificada a la ligera para satisfacer ambiciones de poder. Se está, por demás, ante una pieza que no causa la menor lesión a la nación, y a la que si algo se le puede criticar es que resulta un tanto conservadora frente a la reestructuración administrativa que necesita la sociedad para transitar con pasos más firmes por los senderos del desarrollo económico y social.
Sin crisis a la vista, el momento para discutir una reforma que también contempla la consolidación de la independencia del Ministerio Publico es el más adecuado. No ha de olvidarse que no se trata de una revisión coyuntural, sino para prevenir esas turbulencias a las que hemos estado tan habituados, y fortalecer la seguridad jurídica, que como se sabe es tan indispensable para garantizar inversiones y proteger los derechos humanos y las libertades publicas.
Con un Ministerio Publico más independiente es posible que no se vuelva a repetir la vergüenza de la impunidad frente a escándalos de corrupción tan alarmantes como los sobornos pagados por Odebrecht para adjudicarse y sobrevaluar obras o el de la firma Embraer para la venta de los aviones Tucano. Aunque las empresas admitieron los pagos ilícitos e incluso en el caso de las naves se identificó a los supuestos beneficiados, no hubo condena porque se encubrió a los presuntos responsables.
La reforma constitucional es tímida en lo relativo a la reducción del número de diputados. La circunstancia era para abocarse a una transformación de más calado, que implicara, por ejemplo, la eliminación o disminución al mínimo de los legisladores ante el Parlacen, así como los representantes de ultramar y la readecuación del Senado. Pero, como en el caso de la unificación de las elecciones, se tiene que discernir, en base a la realidad, entre lo ideal y lo posible.
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Pero lo cierto es que con su propuesta Abinader marca un antes y un después, con la salvedad de que esta vez no ha sido pensando en el presente sino en el futuro de una nación que necesita bases más sólidas para generar confianza en los mercados y seguridad en la población. Esa reforma, a pesar de ser un tanto conservadora, es un aporte histórico al sistema democrático.
