La masiva marcha contra el fascismo y la persecución contra candidato opositor, Edmundo González Urrutia, reafirman la determinación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de permanecer en el poder a cualquier precio.
Tras la certificación de su supuesta victoria por el Tribunal Supremo, el Gobierno ha arreciado la embestida contra la disidencia interna y rechazado los clamores para que se presenten las actas de la votación del 28 de julio.
El panorama se ha deteriorado más con el desconocimiento de los resultados expresado por la Unión Europea, Estados Unidos y muchos otros países, entre los que se encuentra República Dominicana.
Antes que mostrar los documentos que avalan la proclamación de su victoria, el presidente de Venezuela ha desatado una campaña contra el fascismo y denunciado un alegado golpe de Estado.
Sin embargo, aliados en el pasado de Maduro como los presidentes de Chile, México, Colombia y Brasil no reconocen el triunfo de Maduro e insisten en que se divulguen las actas del sufragio.
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Decidido a permanecer en el poder a cómo dé lugar, el mandatario venezolano se ha atrincherado con el respaldo de los militares, que no han vacilado en reprimir a las protestas contra el evidente fraude electoral.
La decisión del Tribunal Supremo, que en realidad se veía venir en su condición de brazo judicial del Gobierno, ha significado más leña al fuego. La crisis postelectoral ha convertido a Venezuela en un polvorín.
