El autor es abogado. Reside en Santo Domingo
Con la designación del nuevo titular del Ministerio de Administración Pública (MAP), Sigmund Freund, antiguo director general de Alianza Público Privada, el gobierno da una clara señal de su interés por privatizar (mediante fideicomiso, outsourcing, u otras modalidades), una gran cantidad de servicios públicos, lo cual representaría, no cabe dudas, una gran carga para todos los dominicanos.
Ante el reclamo de la ciudadanía que ha venido percibiendo cómo en los últimos tres o cuatro años se ha producido un creciente deterioro en los servicios públicos que hasta hace poco funcionaban a satisfacción de sus usuarios, el presente gobierno busca como paliativo a ese reclamo cederle una gran parte de los servicios públicos al sector privado.
Ese deterioro de los servicios públicos se viene dando en la gran mayoría de las instituciones públicas, a tal punto que ante los obstáculos, retrasos y lentitudes que se han generado en la presente gestión, han resurgido los mal llamados “buscones”, que hacía ya más de 15 años se habían erradicados de las instituciones públicas.
Ante esa lamentable situación de deterioro, el presente gobierno ha preferido, en vez de insertar mejoras en los procesos, dejarse arrastrar por la tendencia a privatizar servicios públicos, impulsada por diversos factores, entre ellos, la búsqueda de ¨mayor eficiencia¨ y la incorporación de capital privado a la gestión de servicios públicos.
El argumento más común es que las empresas públicas son ineficientes y a menudo corruptas, por lo que la privatización ¨reduciría¨ costes y ¨aumentaría la calidad¨.
Tradicionalmente los servicios públicos los ha venido prestando el Estado, sin embargo, dados los niveles de deterioro que en la actualidad tienen los mismos, se procura que el sector privado participe también en la prestación de los mismos.
Privatizar es entregar a un particular la explotación de bienes o servicios públicos, y eso conlleva darle una lógica empresarial, entrar al mercado y regirse por la ley de oferta y demanda.
¿Qué significa esto? Imagina que decidimos privatizar el agua o la electricidad, eso significa que pasan a ser productos cuyo precio será definido por el mercado.
El gran problema surge cuando existe mucha gente que no podrá pagar ese precio, y si no puede pagar por el agua ¿Como puede un ser humano sobrevivir y asearse? ¿Como se puede sembrar?
Sencillamente el mercado puro y duro dirá que quienes no pueden alcanzar ese precio no están integrados al mercado y no podrán sobrevivir.
El problema es que un bien público (de todos) como el agua termina siendo exclusivo y excluyente y se verá en la obligación de pagar por aquello que constitucionalmente ya es tuyo.
¿Pero, por qué existe ese interés del Gobierno por privatizar los servicios públicos? Porque el Estado ha demostrado ser un mal administrador, la mayoría de las instituciones públicas generan una enorme burocracia, los políticos que llegan al poder meten a sus allegados a los cargos mejor remunerados, la calidad de los servicios y bienes prestados muchas veces es pésima.
Cuando en una sociedad como la nuestra, los servicios más básicos dejan de estar a la altura que demandan sus usuarios es que algo se está haciendo mal, y eso es responsabilidad, tanto de los que se encargan directamente de prestarlos, como de los que tienen la obligación y el mandato de supervisarlos, es decir, el Gobierno de turno, y la privatización no será nunca la mejor opción.
jpm-am
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