Como “botín de guerra” y en medio de controversias se reparten en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional los bienes devueltos por varios de los imputados del caso Calamar que hicieron acuerdos con el Ministerio Público a cambio de que se les excluyera del expediente.
El reparto se da entre el Ministerio Público y los querellantes, en el conocimiento de la audiencia de homologación de los acuerdos que hizo el órgano acusador con seis de los imputados y una de las empresas implicada.
La repartición se lleva cabo en ausencia de los abogados de los imputados que no hicieron acuerdos, los cuales fueron excluidos del proceso, por considerar que no son partes del mismo.
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La situación motivó a que el tribunal reenviara la audiencia para el 25 de este julio, a los fines de que el Ministerio Público elabore una lista más más acabada de los bienes muebles e inmuebles que van hacer entregados.
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El aplazamiento se hizo después que el tribunal entregara a los acusados que se oponen a la negociación, una resolución en la que se decidió que no tenían calidad de participar en la audiencia.
La juez Altagracia Ramírez tomó la decisión tras declarar inadmisible la solicitud de los acusados, encabezados por Gonzalo Castillo, cuyas defensas afirman que tienen derecho a participar en la audiencia de homologación del criterio de oportunidad para oponerse al mismo por ser ilegal.
Los favorecidos, hasta ahora, con los acuerdos son Fernando Crisóstomo Herrera, Ramón Emilio Jiménez Collie, Víctor Matías Encarnación Montero, José Arturo Ureña, Belkis Antonia Tejeda Ramírez, Natalia Cesarina Beltré Torres y la empresa Grupo Dibefe, S.R.L.
Laura Acosta
La exclusión del proceso de los abogados de los imputados fue criticada por Laura Acosta, defensora de Gonzalo Castillo, quien dijo que dicha decisión será recurrida en apelación.
Sostuvo que Ramón Emilio Collie y José Arturo Ureña, ahora delatores, “se van con 7,615 millones en los bolsillos” con la negociación que hicieron con el Ministerio Público.
