El “error burocrático” en el que, según el vocero de la Presidencia, se incurre al confundir la categoría de directores generales con puestos de “asesores”, parece extenderse por toda la administración pública, sin que en la mayoría de los casos se compruebe si esos nombramientos cumplen funciones específicas.
Los más recientes extravíos del léxico laboral corresponden al Ministerio de Educación, que eroga RD$21,3 millones mensuales y 255 millones al año en pagos a 218 “asesores”, que al decir del vocero de la presidencia, licenciado Homero Figueroa, deberían identificarse como tales porque ejercen cargos de directores.
En el Ministerio de Agricultura también abundan los cargos de “asesores” con un total de 52, que devengan salarios entre RD$44,000 a RD$200,000 mensuales, equivalentes a RD$5, 260,500 al mes y RD$63,126,000 al año, una situación que también afecta a otras instituciones, como los ministerio de Cultura, Industria y Comercio, Interior y Policía, Gabinete Social y muchas otras dependencias oficiales.
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No hay por qué contradecir la justificación del Gobierno a la cantidad de asesores que abarrotan no pocos ministerios y direcciones generales, pero sería conveniente revisar el “error burocrático” que alega el vocero de la presidencia porque esa confusión parece extenderse por casi todo el tejido de la Administración Pública.
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Alguna razón ha tenido el Ministerio de Administración Pública para limitar la cantidad de nombramientos de asesores, que a partir de diciembre no deben sobrepasar el número de viceministros, subdirectores generales o nacionales, intendencias y subadministradores que conformen sus organigramas.
La anunciada reforma fiscal o tributaria no solo debería incluir más impuestos, tasas o aranceles, sino también una reducción del gasto corriente o superfluo del Gobierno, por lo que la ocasión es propicia para revisar la magnitud del “error burocrático”, del que habla el vocero Figueroa.
Si se convirtiera a todos los asesores oficiales en directores generales, en el entendido de que se trató de una confusión en los nombramientos, entonces la mitad de esos cargos sería demasiado, más aun si a esos funcionarios se les asigna personal, vehículos y viáticos.
El Ministerio de Administración Publica debería poner fin a la añeja práctica de crearle puestos o cargos a favorecidos en el ámbito gubernamental, sin importar el nombre que le endilguen a esos indeseables privilegios, aun sea el de “asesor”, o “director” de algún departamento de asuntos sin importancia.
