Organismo de derechos humanos denuncia “criminalización” de protesta antiminera en Ecuador

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Quito, 22 mar (EFE).- La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) de Ecuador denunció este viernes la “criminalización” de la protesta que llevan adelante indígenas y campesinos opuestos a proyectos mineros de compañías canadienses en yacimientos ubicados en varias zonas andinas del país.

La Cedhu, una de las ONG humanitarias más representativas de Ecuador, condenó asimismo “el uso abusivo del derecho penal” para condenar con sentencias de prisión y pagos pecuniarios a grupos de campesinos que se oponen a proyectos mineros en sus territorios.

El organismo humanitario se refirió al caso del proyecto Curipamba-El Domo, ubicado en el sector conocido como Las Naves, en la provincia de Bolívar, en el corazón de la sierra andina del país.

En esa zona el Estado ecuatoriano ha entregado una concesión a la empresa Curimining, formada por una alianza entre las compañías Salazar Resources Ltd. y Adventus Mining Corporation, ambas con sede en Canadá.

Según la Cedhu, un tribunal penal de Bolívar condenó el pasado jueves a seis defensores del agua opuestos al proyecto minero en Las Naves a tres años de prisión y a pagar 4.600 dólares (diez salarios básicos) de multa tras ser denunciados por una supuesta asociación ilícita por la firma Curimining.

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“Estos hechos ratifican como el uso abusivo del derecho penal es utilizado por las empresas mineras para criminalizar la labor de defensores del agua, naturaleza y derechos humanos, y como se ha convertido en una actuación sistemática por parte del Estado ecuatoriano”, añadió la Cedhu en su comunicado.

“Instamos a la sociedad civil, organizaciones sociales y a la comunidad internacional a seguir de cerca este caso y a manifestar su solidaridad con las personas injustamente sentenciadas y a acompañarlas en el proceso de apelación de esta sentencia”, agregó.

El reclamo de la Cedhu coincide con el que el pasado lunes hiciera la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que también denunció la posible “criminalización” de la protesta de campesinos contra la instalación de una minera canadiense en un sector de la vecina provincia de Cotopaxi.

Esa denuncia de la Conaie se efectuó cuando cientos de militares y policías llegaron a las parroquias Palo Quemado y Las Pampas, donde el Gobierno realiza procesos de consulta para tramitar los permisos de desarrollo del proyecto minero La Plata, concesionado a la canadiense Atico Mining.

“Se ha iniciado un nuevo proceso de criminalización de la protesta social. La Fiscalía del Estado ha acusado a 70 comuneros de las parroquias Palo Quemado y Las Pampas, del cantón (municipio) Sigchos, por el presunto delito de ‘terrorismo'”, afirmó la Conaie.

Sobre el proceso minero en Palo Quemado y Las Palmas, en noviembre pasado la Corte Constitucional declaró como “inconstitucional” una consulta minera efectuada por el Ministerio del Ambiente, amparada en un decreto que emitió el entonces mandatario del país, el conservador Guillermo Lasso.

La Corte incluso dio razón a la Conaie por invocar regulaciones internacionales sobre el procedimiento de “consulta previa, libre e informada” a las comunidades, en protección de sus territorios y culturas.

De su lado, el Gobierno del actual presiente Daniel Noboa, que ha insistido en la consulta, ha denunciado y rechazado supuestos hechos de violencia por parte de los campesinos contra funcionarios de su administración que intentaban realizar las consultas a un grupo de campesinos. EFE

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