En una semana la población adulta acudirá a las urnas a ejercer un derecho constitucional y cumplir con un deber cívico de elegir nuevos alcaldes, regidores, directores y vocales municipales, con lo cual también se coadyuva al fortalecimiento de la democracia.
El voto es prístina expresión una sagrada prerrogativa constitucional que consigna que el Poder emana del pueblo, por lo que no ejercerlo de manera consciente y responsable, significaría renunciar a un privilegio que en cierto modo se erige como una obligación.
Las elecciones municipales del 18 de febrero se definen como un proceso electoral complejo, en el que compiten cientos de candidatos de 158 municipios y 238 distritos municipales, lo que representa también una viva expresión de una democracia en vía de consolidación.
Gobierno, partidos y candidatos están compelidos a promover y respetar el principio de pluralidad, equidad que debe caracterizar a esa competencia cívica en la cual los electores deberían ser convencidos por las ofertas y promesas responsables y alejadas de fantasías o quimeras.
Los comicios del domingo se erigen como antesala de las elecciones presidenciales y congresuales de mayo próximo, pero sería injusto despojar esta histórica convocatoria de una trascendencia que impacta de manera directa e inmediata en toda la geografía política de la nación.
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La abstención electoral no figura como opción, porque el espacio democrático urge y reclama ejercer el derecho ciudadano al sufragio para que, entre otras conquistas, República Dominicana demuestre ante el hemisferio y el mundo que posee una democracia fuerte, dinámica y representativa.
Con mucha antelación, la Junta Central Electoral ha identificado cada uno de los colegios de votación que acogerán el domingo venidero a más de seis millones de electores, en lo que muy bien debería definirse como fiesta de la democracia, con la garantía de que la población ejercerá su derecho al voto libre y reflexivo.
A lo que se aspira es a que todos los dominicanos acudan a las urnas a ejercer un derecho inalienable y deber sagrado, como sería escoger a las autoridades que ostentarán la dirección del Poder municipal por los próximos cuatro años, lo que debe ser resultados de elecciones concurridas, libres y transparentes.
