Ultimátum y amenazas: EE.UU. presiona a Venezuela en respaldo a una política opositora inhabilitada

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El Gobierno venezolano ha exigido respeto por sus asuntos internos y afirmó que estará muy atento a las acciones de Washington.

EE.UU. ha retomado la senda de amenazas de sanciones y plazos a Venezuela, con el objetivo de intentar revertir una decisión de la justicia que dictó la inhabilitación política para la dirigente opositora María Corina Machado. Ahora, el ultimátum se cierne sobre el espinoso terreno de los diálogos que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro sostiene con un sector de la oposición.

El lunes, tras ratificarse la inhabilitación de Machado para ocupar cargos públicos, EE.UU. decidió volver a imponer una de las tantas medidas coercitivas dictadas contra Venezuela y amenazó con aplicar varias más, en abril, en caso de que no haya avances en las negociaciones entre el Gobierno y la oposición. 

En la misma jornada, el jefe de la delegación negociadora del Gobierno venezolano, Jorge Rodríguez, informó que Caracas aceptaba la solicitud hecha por Noruega para instalar una misión de seguimiento y verificación del proceso de diálogo retomado en Barbados en octubre pasado.

Sobre las declaraciones de EE.UU., Rodríguez ratificó la postura de Venezuela de exigir respeto a su política interna y de rechazo a la presión de Washington, que siempre ha dejado en claro que reimpondrá las sanciones flexibilizadas si se incumple lo acordado entre el Gobierno y la oposición en Bridgetown. 

“A estas alturas, ya deberían saber que a nosotros no nos interesan sus intenciones de inmiscuirse en los asuntos que solo le competen a los venezolanos. Ocúpense ustedes de su país”, dijo Rodríguez.

La sanción reimpuesta

El pasado lunes, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro informó que hasta el próximo 13 de febrero autorizaba las operaciones que involucran a la Compañía General de Minería Venezolana (Minerven), una estatal venezolana de extracción aurífera, adscrita a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).

Con la licencia general número 43A, que sustituye a la 43 –emitida en octubre–, el Departamento del Tesoro ordena nuevamente cerrar todas las operaciones con la minera venezolana.

En marzo de 2019, Minerven fue agregada a la lista negra de la OFAC, por lo que sus activos fueron bloqueados y se prohibió a los estadounidenses establecer relaciones comerciales con ellos.

Un plazo de tres meses y “opciones para actuar”

En el convulso panorama que hace pendular los acuerdos entre EE.UU. y Venezuela, el portavoz de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, dio un ultimátum.

En una rueda de prensa del pasado lunes, el funcionario dijo que los dirigentes del Gobierno venezolano tenían hasta abril para implementar los pactos acordados con la oposición o, de lo contrario, “Washington podría restablecer las sanciones”.

Kirby recordó que en octubre pasado se “hicieron ciertos compromisos sobre los partidos políticos de la oposición y sobre elecciones libres y justas”. En su opinión, esas medidas no han sido tomadas por Caracas, por lo que el Gobierno de Joe Biden pone abril como plazo para que se ejecuten.

“Así que tenemos opciones para actuar. No voy a anunciar ninguna de ellas ahora. Ciertamente, tenemos opciones en términos de sanciones y cosas por el estilo”, subrayó Kirby.

En su declaración del pasado lunes, ya el presidente de la Asamblea Nacional (AN) había adelantado que en su país estarían “muy atentos a las acciones” emprendidas por la Casa Blanca, que pudieran ser “consideradas como agresivas” al derecho de Venezuela “a vivir en paz”.

“Si hay alguna acción agresiva, nuestra respuesta será serena, recíproca, y enérgica“, puntualizó. 

Relaciones en picada

Las tensiones entre los dos países escalaron desde la semana pasada, cuando Caracas anunció la detención de más de 30 personas presuntamente incursas en cinco conspiraciones, cuyo fin último era asesinar al presidente Nicolás Maduro y donde habría participación de sectores radicales de la oposición, militares y funcionarios de la CIA y la DEA.

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La Administración de Biden, a través de distintos funcionarios, mostró su escepticismo sobre la veracidad de lo denunciado y no ofreció respuesta sobre los señalamientos a sus entidades. Ya en ese punto, la Casa Blanca ya aludía al supuesto incumplimiento del Acuerdo de Barbados por parte del Gobierno, y se abría la puerta para la reimposición de sanciones contra Caracas.

Del lado del Gobierno venezolano se cuestionó la franqueza con la que Washington se sentó a la mesa de conversaciones, puesto de los planes conspirativos presuntamente estaban en marcha desde mayo pasado y el acuerdo entre las partes se firmó en octubre.

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