La guerra de los radiadores: Alemania veta la calefacción de gas y enciende al país

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El parto más largo y doloroso del Gobierno del canciller Olaf Scholz ha llegado a su fin. El Bundestag (Parlamento de Alemania) aprobó este viernes, por 399 votos a favor y 275 en contra, la polémica Ley Energética de Edificios (GEG, por sus siglas en alemán) que obliga a la eliminación gradual de los sistemas de calefacción de petróleo y gas en los hogares y empresas del país. Una legislación que desató la mayor tormenta hasta la fecha en el seno de una coalición tripartita repleta de discrepancias y que despertó una rechazo furibundo en la oposición y, poco después, en la opinión pública.

El resultado final ha sido una versión muy descafeinada de la versión original de la ley, que hubiera vetado de facto la instalación de nuevas calefacciones de gas a partir del 1 de enero de 2024. La legislación aprobada sigue suponiendo el final de este tipo de infraestructura, pero prevé periodos de transición más largos y transfiere responsabilidades a los municipios, eximiendo a los propietarios de viviendas de realizar los cambios si sus autoridades locales aún no han elaborado planes detallados al respecto. Los sistemas de gas ya instalados podrán seguir en funcionamiento y también repararse si es necesario. Será en 2045, el año en el que Alemania aspira alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero, cuando todos los sistemas de calefacción del país tengan que usar fuentes de energía renovables.

Si bien Alemania ha reducido drásticamente sus emisiones durante la última década, ha logrado pocos avances en el sector de los edificios, que siguen representando alrededor del 40% de la producción de carbono del país, según la Agencia Alemana de Energía. El —en su origen— ambicioso proyecto, impulsado por el ministro de Economía, vicecanciller y líder del partido verde, Robert Habeck, buscaba convertir a Alemania en un país pionero en la transición de los sistemas de calefacción tradicionales, más contaminantes, hacia las bombas de calor, los paneles solares y las calderas de hidrógeno.

Sin embargo, la ley se vio enmarañada por dos feroces batallas: una dentro del propio Gobierno y otra impulsada por los democristianos de la CDU y, sobre todo, por la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD). “Los Verdes fueron los mayores partidarios de la ley, pero tuvieron que debilitarla para ganarse a sus socios de coalición”, explica Noah Gordon, codirector interino del Programa de Sostenibilidad, Clima y Geopolítica del Carnegie Endowment for International Peace, en entrevista con El Confidencial. “Todo esto sucedió en un momento en el que los partidos gobernantes están cayendo en las encuestas, mientras los votantes se inclinan hacia los democristianos e incluso hacia el derechista AfD. Los partidos de la coalición ‘semáforo’ (así llamada por los colores rojo, amarillo y verde de las formaciones) temen perder poder en las próximas elecciones”, agrega el experto.

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La controversia política en torno a la ley se trasladó a una opinión pública que nunca se mostró convencida al respecto. Las encuestas han revelado una y otra vez a lo largo de los últimos meses que en torno al 70% de los ciudadanos alemanes ven la nueva legislación con malos ojos. El último sondeo disponible, realizado por Civey para el think-tank Nueva Iniciativa de Economía Social de Mercado (INSM), revela que el 81,5% por ciento de los propietarios de calefacción por gas están descontentos con la labor del Ejecutivo al respecto, con sólo un 15,6% de encuestados manifestando su satisfacción. Incluso entre los votantes verdes, un 50% por ciento rechaza la medida. La ley aprobada tampoco ha sentado bien en los grupos ecologistas alemanes y europeos, que la consideran como “una oportunidad perdida” por su falta de ambición.

La salchicha más desagradable

Uno de los dichos más célebres atribuidos —probablemente de forma falsa, como suele ser común en estos casos— al excanciller alemán Otto von Bismarck es que “las leyes son como las salchichas; es mejor no ver cómo se hacen”. Y nunca en la historia reciente del país germano esa cita ha resultado más apropiada. Pese a tratarse de una legislación relativamente sencilla, el número de giros de guión, traspiés y puñaladas por la espalda que la GEG ha desatado no tiene precedentes desde la reunificación de Alemania. “Los tres partidos de la coalición gobernante de Alemania tienen desacuerdos en muchos temas, y la ley de calefacción fue diseñada casi a medida para despertar fricciones”, apunta Gordon.

El objetivo aparecía marcado desde el mismo texto de acuerdo para la formación del Gobierno tripartito. “A partir del 1 de enero de 2025, todos los sistemas de calefacción recién instalados deberán funcionar al 65% con energía renovable”, reza el documento. Sin embargo, el texto no hacía ninguna referencia al camino para alcanzarlo debido a las discrepancias entre los verdes, que abogan por medidas restrictivas desde el Estado para proteger el clima, y liberales, que prefieren dejar el asunto en manos del mercado conforme aumentara el precio del CO2. Un antagonismo irreconciliable y destinado a marcar el tortuoso futuro que le esperaba a la medida.

Tras el inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, la dependencia alemana del gas procedente de Moscú se convirtió de la noche a la mañana en motivo de oprobio nacional. Por ello, el Gobierno sacó adelante una serie de reformas drásticas para reducir el consumo del hidrocarburo, entre ellas un acuerdo para adelantar un año el fin de las nuevas instalaciones de calefacción de gas. Sin embargo, dada la emergencia y la avalancha de medidas impulsadas desde la Cancillería, la génesis de la GEG pasa relativamente desapercibida.

El estallido ocurriría exactamente un año después, cuando el 28 de febrero de 2023 el periódico Bild revelaba los detalles del supuesto anteproyecto de ley a raíz de una filtración anónima que Habeck calificaría más adelante como un intento de hacer descarrilar la legislación. La noticia corre como la espuma, desatando la ira de la derecha del espectro político alemán, además de múltiples asociaciones de empresarios, propietarios e inquilinos. Tras la publicación, el FDP se distancia del proyecto y los socialistas muestran cierto escepticismo, dando inicio a una nueva crisis intestina en el Gobierno semáforo.

La confrontación alcanza rápidamente la esfera pública. “No puede ser que en una coalición progresista sólo un socio sea responsable del progreso y los demás de impedirlo”, sentencia Habeck durante un evento de su partido en Weimar. Poco después, durante una frenética reunión de tres días entre los tres integrantes del Gobierno, los verdes ceden frente a los liberales en muchas otras legislaciones para rescatar la GEG. “A partir del 1 de enero de 2024, cada sistema de calefacción recién instalado debería funcionar, si es posible, con un 65 por ciento de energía renovable”, sentencia la resolución común tras el encuentro. El gabinete aprueba el proyecto de ley el 19 de abril y lo remite al Bundestag para su discusión. Una aparente paz que durará tan solo cinco días.

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El 24 de abril se revela que Patrick Graichen, secretario de energía del Ministerio de Economía de Habeck y principal arquitecto de la ley, había facilitado la contratación de un amigo suyo y padrino de su boda como director de la Agencia Estatal Alemana de Energía (DENA). El escándalo da alas a las teorías conspirativas sobre la posible colusión entre los departamentos de protección de clima y finanzas en el Ejecutivo y acaba provocando la dimisión de Graichen y el debilitamiento de los verdes. El FDP mueve ficha y anuncia que tiene la friolera de 101 preguntas sobre la GEG, y que no votará a favor de la legislación mientras no sean resueltas.

Para que la ley fuera aprobada antes de las vacaciones de verano, debía ser discutida en el pleno parlamentario y remitida a las comisiones. Pero los liberales se plantan y bloquean una y otra vez el plan de incluir la GEG en el orden del día. Paralelamente, múltiples manifestaciones lideradas por la AfD reúnen a miles de personas en las calles contra la legislación. La popularidad del Ejecutivo se desploma y, a lo largo del mes de junio, los tres socios de Gobierno se enzarzan en una nueva disputa pública respecto a las fechas. El FDP pide que la ley no entre en vigor hasta 2028. Los verdes mantienen su órdago de 2024. Los socialistas de Scholz pasan los días templando gaitas e intentando evitar una ruptura total.

Un nuevo acuerdo sale a la luz a mediados de junio y se presenta formalmente ante el Bundestag. Los liberales se han impuesto ante unos verdes a los que se les ha acabado el fuelle político: el requisito del 65% de energía renovable solo se aplicará a partir de 2024 en las nuevas áreas de desarrollo urbanístico, con un largo periodo de transición para el resto de los casos. Fumata blanca. El Gobierno respira. Al menos hasta que a las 21:48 horas del 5 de julio, el miércoles de la última semana de sesiones del Bundestag, una alarma llega al teléfono de Scholz y del resto de lectores de periódicos alemanes. El Tribunal Constitucional alemán ha aceptado el requisito urgente de un diputado de la oposición de paralizar el proceso por la falta de tiempo para deliberar.

La aprobación de la ley en el Parlamento quedaba así pospuesta hasta este viernes 8 de septiembre, la última de una larga lista de humillaciones para el Ejecutivo. El proyecto aún necesita la aprobación de la cámara alta, el cual se espera para finales de septiembre y sin que se prevean más obstáculos para que salga adelante. La salchicha ya ha sido completada, pero su desagradable elaboración ha quedado a la vista de todos.

Una advertencia para el futuro

A la espera de que entre en vigor el año que viene, los expertos consideran que el efecto más inmediato de la ley ha sido el de contribuir al ascenso electoral de la extrema derecha. Desde marzo, cuando empezó la confrontación por el proyecto, las cifras de AfD no han parado de subir en las encuestas nacionales, alcanzando un máximo del 22% de intención de voto el pasado 31 de agosto. El partido ultra ya supera a todos los que componen el Gobierno de coalición y se sitúa en primer lugar en Turingia, un lander que debe celebrar elecciones el próximo año.

“Las dificultades de esta ley muestran que establecer objetivos climáticos sólidos​ y “legalmente vinculantes” –como lo ha hecho Alemania– es en realidad la parte fácil de la transición verde”, plantea Gordon. “Una de las razones por las que la ley se volvió tan polarizadora fue que la política climática está pasando de cambiar la fuente distante de los electrones invisibles que salen del enchufe de la pared a entrar en los hogares para mejorar el aislamiento y reemplazar las calderas. Te metes en toda esta política muy local”, añade.

La ley contenía desde un inicio muchas disposiciones y excepciones para ayudar a los ciudadanos de bajos ingresos, incluyendo la financiación de hasta un 70% en las nuevas instalaciones. Tampoco obligaba a nadie a reemplazar una caldera antes de que se estropeara, afectando únicamente a los sistemas de calefacción que fueran instalados a partir de 2024. Pero nada de eso impidió un proceso de politización extrema que ha acabado perjudicando seriamente la imagen del Gobierno.

El problema va más allá de Alemania. El pasado jueves, la líder del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, afirmó que la creciente lista de regulaciones industriales y climáticas de Bruselas está impulsando a los votantes hacia partidos populistas antes de las elecciones europeas de junio. “Si el Partido Popular Europeo y los socialdemócratas han perdido terreno, tenemos que preguntarnos por qué. ¿Por qué hemos dejado de hablar con nuestras empresas? ¿Hemos fallado a la hora de considerar que ser ambiciosos en materia climática no es mutuamente excluyente con el crecimiento económico?”, se planteó la política maltesa en entrevista con el Financial Times.

Al igual que la AfD, varios partidos euroescépticos están beneficiándose del hartazgo ciudadano en torno a una transición energética que ha dejado de ser algo abstracto y que ahora se traduce en medidas palpables. Un informe reciente del Foro Mercator sobre Migración y Democracia (MIDEM) reveló que las políticas climáticas se encuentran entre los temas más polarizadores en muchos países europeos. Eso hace que las medidas verdes sean especialmente propensas a debates que pueden dividir lo opinión pública y alimentar a las formaciones de ultraderecha. El ejemplo alemán, por lo tanto, puede acabar siendo el primero de una larga lista. “Hay muchos pasos entre fijar un objetivo en Bruselas o Berlín y sustituir una caldera de gasóleo en Düsseldorf”, sentencia Gordon.

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