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Migración venezolana: ¿es el estatuto una oportunidad de desarrollo?

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Cuenta José Nicolás Rosendo que cuando escuchó la noticia soltó un grito de alegría. Para este venezolano, de 30 años, que antes trabajaba en la industria petrolera en su país y ahora vende bolsas de basura en una calle bogotana, conocer la posibilidad de volver a vivir de lo que sabe –ensamblar estructuras metálicas– es lo mejor que le ha pasado en lo que va de 2021. “Ojalá que se nos abran muchas oportunidades con esto”, dice.

Y es que en los casi 30 meses que lleva en Colombia le ha sido imposible conseguir un empleo estable, debido a que no cuenta con los documentos necesarios. Por eso, el anuncio hecho por el presidente Iván Duque desde la sede de la Cancillería el lunes pasado, según el cual los migrantes del país vecino estarán amparados por un estatuto de protección temporal durante diez años, le permite creer que su realidad va a mejorar.

El paso dado por el Gobierno es significativo. De acuerdo con las cifras oficiales, a pesar de que se han otorgado más de 700.000 permisos de permanencia o salvoconductos desde 2018, el número de quienes han cruzado la frontera oriental y se encuentran en situación irregular es todavía mayor, siendo cercano al millón de personas.

Ahora tanto unos como otros podrán permanecer e iniciar, si lo desean, el tránsito hacia una residencia permanente. De un plumazo, casi 1,8 millones de venezolanos –más los que lleguen en los próximos dos años a través de un puesto de control migratorio– tendrán despejada su situación, con los mismos derechos que cualquier extranjero afincado legalmente en el territorio nacional.

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Una determinación de ese calibre es poco usual en el mundo. En 2015, con ocasión de la crisis de refugiados provenientes de Siria, a los que se les sumaron otros venidos del Medio Oriente y África subsahariana, Europa alcanzó a recibir un par de millones antes de cerrar sus fronteras, de los cuales Alemania acogió a la mitad.

Ahora Turquía es el principal punto de contención con algo más de tres millones y medio de desplazados sirios, a cambio de lo cual recibe un importante paquete de ayuda de la Unión Europea. Muchos de ellos siguen en carpas y tienen restringida su movilidad, en una especie de limbo que puede prolongarse por tiempo indefinido.

Las razones

A la luz de esas experiencias, el ejemplo colombiano impacta por su audacia al integrar de manera inmediata a una población que equivale al cuatro por ciento del total de habitantes. Ello explica los pronunciamientos del secretario general de la ONU o del secretario de Estado de Joe Biden sobre un paso que fue descrito por el primero como “un importante acto de solidaridad”.

Sin embargo, más allá de los aplausos recibidos, es indudable que la determinación es polémica y más en medio de los estragos dejados por la pandemia. Según la más reciente encuesta de Invámer, en enero 72 por ciento de los interrogados en las cinco ciudades más grandes se mostraron en favor de mantener cerradas las fronteras para que no ingresen más venezolanos. Además, 67 por ciento dijeron tener una imagen desfavorable de los ciudadanos que vinieron del país vecino para quedarse.

Detrás de esas opiniones se encuentran prejuicios de diverso orden. Tal como en otras latitudes, a los migrantes se les culpa de múltiples males que incluyen menos oportunidades laborales y más inseguridad. En contraste con una actitud inicial de brazos abiertos cuando el éxodo se intensificó en 2016, ahora son más usuales los episodios de xenofobia y discriminación.

Irónicamente, quejas similares se escuchaban hace medio siglo cuando numerosos colombianos cruzaron la línea limítrofe en busca de un mejor futuro en la llamada ‘Venezuela Saudita’. Aunque las verdaderas cifras nunca se sabrán, una investigación de la Universidad del Rosario hecha a mediados de la década pasada habló de unas 721.000 personas, lo cual lleva a pensar que el flujo migratorio de ese entonces fue equivalente al actual como proporción de la respectiva población, en el sentido inverso.

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Sea cual sea el dato, lo cierto es que una gran cantidad de compatriotas lograron progresar en un país que por aquella época tenía uno de los niveles de vida más altos del hemisferio. Además, las remesas enviadas les sirvieron a incontables hogares en zonas como los Santanderes o la costa Atlántica para paliar la pobreza.

Con ese antecedente, y desde el punto de vista ético, habría sido imposible justificar una política de puertas cerradas desde el momento en que comenzó a gestarse la peor tragedia humanitaria en la historia reciente de las Américas. La geopolítica también entró en la ecuación dadas las diferencias conocidas con el régimen chavista, pero no es una imprecisión afirmar que lo primero pesó más que lo segundo.

A lo anterior se suman las consideraciones prácticas, que comienzan con la imposibilidad de realizar deportaciones masivas o clausurar una frontera de 2.219 kilómetros de extensión, en donde abundan los pasos ilegales. Tal como pasa en diversos lugares del planeta, el hambre no se detiene ante un uniforme o la amenaza de una sanción.

Por lo tanto, tenía todo el sentido aceptar la realidad y darles una salida digna a inmigrantes, que no tienen problema en asimilarse a una sociedad con la que comparten cultura e idioma. Esta comienza con la creación de un registro único y la entrega de un documento de identidad, fundamentales para que las autoridades cuenten con buena información y se puedan desarrollar políticas focalizadas.

De un plumazo, casi 1,8 millones de venezolanos –más los que lleguen en los próximos dos años a través de un puesto de control migratorio– tendrán despejada su situación

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Así lo había previsto un documento Conpes aprobado en 2018, el cual instruía que se propusieran “figuras alternativas de flexibilización migratoria, eventualmente análogas a los modelos de protección temporal existentes en otros países”. Es evidente que aquí hay un hilo conductor que viene desde antes, por lo cual es imposible decir que el anuncio del lunes es algo que se cocinó de la noche a la mañana.

En contra de lo que dicen los sondeos, los especialistas consideran que el paso dado por Colombia fue el correcto. Marcela Meléndez, economista jefe del Pnud para Latinoamérica y el Caribe, afirma que esta “es una gran decisión, porque da las herramientas para poder incorporar a los venezolanos plenamente como parte de una sociedad de la que de hecho ya hacen parte, con la debida garantía de derechos”. Y agrega: “Pero reconocerlos no es solo necesario y generoso desde el punto de vista humanitario, también es inteligente de cara al futuro”.

La voz de la evidencia

Varios trabajos de corte académico le dan piso a dicha opinión. Un completo estudio coordinado por la economista Ana María Tribín durante su paso por el Banco de la República y publicado el pasado octubre destacó que el promedio de edad de los que han llegado es inferior al de los colombianos, mientras que su tasa de escolaridad es mayor.

Dado el proceso gradual de envejecimiento de la población, ese influjo se asemeja a devolver un poco el reloj, con efectos positivos sobre la productividad y la propia marcha de la economía. El cálculo es que el crecimiento se aceleraría entre 14 y 17 décimas de punto porcentual hasta 2030, debido a factores como la expansión del consumo interno.

Dichos estimativos coinciden con la evidencia a nivel mundial. En general, los migrantes traen más beneficios que costos si se les permite integrarse al país que los acoge. No hay duda de que la vitalidad de sociedades como la australiana, la estadounidense o la canadiense se encuentra atada a esta circunstancia.

En cuanto a las percepciones negativas, el documento mencionado dice que “la inmigración no tiene efectos sobre el desempleo total, pero sí sobre el desempleo de algunos subgrupos poblacionales, principalmente entre los mismos inmigrantes”. Fedesarrollo, por su parte, encontró que en 2019 “la migración ha reducido el ingreso promedio de los nacionales en el segmento de los trabajadores independientes informales”.

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A su vez, un análisis hecho por Brian Knight y Ana María Tribín encontró que el incremento en las tasas de homicidio en zonas fronterizas observado después de la reapertura de la frontera en 2016 afectó especialmente a los que entraron. “Esto es consistente con la victimización de los migrantes e inconsistente con la percepción xenofóbica asociada a los crímenes de venezolanos contra la población nativa”, concluye.

Tampoco se pueden pasar por alto las presiones presupuestales, en lo que atañe a salud, educación y atención a la primera infancia. Por ejemplo, a finales de 2019 había más de 200.000 niños venezolanos matriculados, la inmensa mayoría en el sistema público. Aun así, el gasto fiscal asociado a este esfuerzo habría sido el equivalente al 0,12 por ciento del producto interno bruto, que es una cifra manejable.

Lo anterior no quiere decir que el asunto sea fácil. Absorber a un gran volumen de personas en un periodo de tiempo corto y en medio de una crisis económica resulta un enorme desafío con múltiples aristas. Para citar un caso, la atención de emergencias en salud ha complicado más todavía la realidad financiera de clínicas y hospitales que dependen de los fiscos departamentales.

Dado el proceso gradual de envejecimiento de la población, ese influjo se asemeja a devolver un poco el reloj, con efectos positivos sobre la productividad y la propia marcha de la economía

No obstante, estos problemas sustentan el objetivo de formalizar a todos los migrantes. Así lo indica un documento que está siendo escrito por Ana María Ibáñez, María Adelaida Ortega y Marisol Rodríguez, del Banco Interamericano de Desarrollo, junto con Andrés Moya, de la Universidad de los Andes, y Sandra Rozo, de la Universidad del Sur de California.

La investigación es novedosa porque les siguió la pista a dos grupos amplios de migrantes: uno amparado por el permiso especial de permanencia que les permite trabajar, calificar para el Sisbén o ser clientes del sistema financiero; y otro en condición de irregularidad, condenado a la informalidad.

La diferencia entre la calidad de vida de unos y otros es abismal, tanto en ingresos como en acceso a bienes públicos. Mucho tiene que ver con la calidad de los trabajos desempeñados o el temor de los ilegales a ser castigados si piden atención médica o respeto a sus derechos.

Independientemente de su condición, la gran mayoría contempla seguir en Colombia. Ante la pregunta de si volverían a Venezuela en un futuro, apenas uno de cada diez respondió que sí. Parte de la explicación es que muchos han echado raíces fuertes aquí, incluyendo la presencia de al menos un colombiano en 42 por ciento de los hogares analizados.

En consecuencia, el estatuto temporal de protección es la salida correcta. Sin desconocer las urgencias de corto plazo como incluir a los venezolanos en los programas de vacunación, la ambiciosa política de regularización derivará a la larga en una sociedad más diversa, con mayor nivel de emprendimiento, dentro de una economía más grande.

Entre los muchos retos que vienen es clave que las entidades estatales hagan la preparación debida. Migración Colombia requiere un refuerzo, pues tendrá un trabajo formidable para atender los cientos de miles de peticiones que le llegarán, comenzando por inspirar confianza entre quienes creen que es mejor seguir debajo del radar de las autoridades.

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Por ese motivo, no basta solo con las buenas intenciones o un decreto que saldrá en los próximos días, sino que es indispensable una buena gerencia pública para que se aplique. Lo peor que podría pasar es que la esperanza se convierta en frustración y las tensiones aumenten.

En cambio, si las cosas se hacen bien, los réditos serán importantes y no solo por hacer lo correcto desde el punto de vista moral, sino por las propias posibilidades de un país que podría convertir el desafío de la migración venezolana en una gran oportunidad de desarrollo.

RICARDO ÁVILA
Analista senior
Especial para EL TIEMPO
Twitter: @ravilapinto

Fuente: El Tiempo https://www.eltiempo.com/economia/sectores/ventajas-del-estatuto-temporal-para-regular-la-migracion-venezolana-566746

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