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¿Es viable intervenir a EPM como lo pidió Álvaro Uribe?

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Tras la polémica salida del gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), Álvaro Guillermo Rendón, por diferencias con el alcalde de la ciudad, Daniel Quintero, relacionadas con la injerencia de este último en el gobierno corporativo de la compañía, el expresidente Álvaro Uribe le pidió este domingo al Gobierno intervenir la empresa, argumentando una posible pérdida del grado de inversión por las calificadoras de riesgo.

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En agosto pasado, la firma Fitch Ratings redujo la nota de la empresa a BBB- y este 5 de febrero indicó que monitoreará de cerca el nombramiento del nuevo gerente de EPM, pero señalando que las calificaciones reflejan el bajo riesgo comercial de la empresa derivado de la diversificación de sus negocios, y que la perspectiva negativa refleja la continua incertidumbre sobre el túnel de desviación auxiliar de Hidroituango, por lo cual un cambio en esta perspectiva pueda tardar más de seis meses.

Pero más allá de la polémica por el pulso alrededor del manejo de EPM, expertos señalan que según la Ley de Servicios Públicos (Ley 142 de de 1994), a la fecha no existen causales para que esta empresa, vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos, sea intervenida.

Según Javier Lastra Fuscaldo, exagente interventor de Electricaribe, el artículo 59 de esa ley establece las causales de toma de posesión “y para mí Empresas Públicas de Medellín no ha incurrido en ninguna de esas”, lo que indica que si se adopta una medida de este tipo, se configuraría una vía de hecho.“Si la Superintendencia de Servicios Públicos interviene y no hay ninguna de esas circunstancias sería una vía de hecho, agregó”.

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Las causales para intervenir

De acuerdo con la ley de servicios públicos, existen ocho motivos establecidos que facultan al organismo de control a definir la toma de posesión de una empresa de energía (generadora, transmisora o de distribución), de acueducto y alcantarillado o de gas natural.

La primera es que no quiera o no pueda prestar el servicio público con la continuidad y calidad debidas, y la prestación sea indispensable para preservar el orden público o el orden económico, o para evitar perjuicios graves e indebidos a los usuarios o a terceros.

La segunda es que sus administradores persistan en violar en forma grave las normas a las que deben estar sujetos, o en incumplir sus contratos.

La tercera es si sus administradores se han rehusado a dar información veraz, completa y oportuna a una comisión reguladora o a la Superintendencia, o a las personas a quienes éstas hayan confiado la responsabilidad de obtenerla.

Otra causal es si se declara caducidad de uno de los permisos, licencias o concesiones que la empresa de servicios públicos haya obtenido para adelantar sus actividades, si ello constituye indicio serio de que no está en capacidad o en ánimo de cumplir los demás y de acatar las leyes y normas aplicables.

La quinta razón es cuando hay casos de calamidad o de perturbación del orden público y la sexta causal es cuando sin razones técnicas, legales o económicas de consideración sus administradores no quisieren colaborar para evitar a los usuarios graves problemas derivados de la imposibilidad de otra empresa de servicios públicos para desempeñarse normalmente.

Igualmente, la Superservicios debe intervenir si, en forma grave, la empresa ha suspendido o se teme que pueda suspender el pago de sus obligaciones mercantiles, como ocurrió con Electricaribe y la última causal es cuando la empresa entre en proceso de liquidación.

De acuerdo con Lastra, si bien hay una preocupación por la calificación, lo cierto es que EPM mantiene su grado de inversión, no está quebrada y los recientes hechos no dan para tanto. “No tiene fundamento y EPM no está incursa en causal de intervención”, insistió.

Y agregó que el retraso de Hidroituango, que es una más de las centrales de generación de EPM, no va a poner en riesgo la prestación del servicio de agua, gas o de energía, toda vez que EPM tiene otras centrales de generación como Guatapé.

“Si hay más retrasos se puede subir el precio del servicio de energía en 2022 o 2023, pero eso no quiere decir que el servicio esté en riesgo”, puntualizó.

Incluso, el artículo 58 de la Ley de Servicios Públicos contempla una medida preventiva consistente en la facultad para ordenar la separación de los gerentes o los miembros de las juntas directivas de las empresas de servicios públicos, pero solo si estas incumplen, de manera reiterada, a juicio de la Superintendencia, los índices de eficiencia, los indicadores de gestión y las normas de calidad definidos por la entidad.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS – EL TIEMPO

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Fuente: El Tiempo https://www.eltiempo.com/economia/empresas/es-posible-que-el-gobierno-intevenga-a-epm-como-lo-pide-alvaro-uribe-565279

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